Desde la PLATAFORMA SI A LA TIERRA VIVA, hemos querido hacer partícipes a los políticos del sentir ciudadano latente en estos días en la comarca del CAMPO DE MONTIEL y de un sentimiento colectivo del que nos hemos de sentir orgullosos, ya que está dinamizando el sentimiento democrático de una parte importante de esta población pacífica, trabajadora, callada pero por encima de todo, luchadora y honesta. Ese espíritu de lucha y esa honestidad se pusieron de manifiesto el pasado día 21 de mayo, cuando miles de ciudadanos y más de 300 tractores, salieron a la calle para luchar por su futuro, por la tierra que nos mantiene a todos y por su modo de vida. Fue sin duda un día histórico en el que por primera vez se vieron unidas, bajo una misma voz las cinco grandes organizaciones medioambientales del país, junto a las más importantes organizaciones agrarios y las cooperativas, haciendo causa común en la defensa del interés colectivo, de la tierra, de la gente honesta y callada y en suma, del procomún y de la democracia.
Sabemos que los partidos no quieren hacer política de espaldas a la ciudadanía. También somos conscientes de que este problema, inminente y grave, requiere de un debate social y político que esté a la altura de su amenaza y de las demandas expresadas en la calle por los ciudadanos.
Es por ello que hemos convocado a Isabel Rodríguez (PSOE), Rosa Romero (PP) Juana Caro (Unidos Podemos) y Francisco Javier Fernández-Bravo (Ciudadanos) a un debate moderado por un periodista y abierto a la ciudadania. Hay temas importantes que afectan a este amplio programa minero y que deberán ser llevados al Congreso de los Diputados por nuestros representantes:
El agua: Este tipo de minería extensiva y a cielo abierto afectaría a dos recursos indispensables en nuestras comarcas, el suelo y el agua, cuyas competencias dependen del Estado.
La Ley de Minas del año 1973 es la que faculta, entre otras cosas, la expropiación directa a los propietarios de los terrenos en beneficio de las empresas mineras, una vez que el Gobierno Regional le otorgue el derecho de explotación.
Los espacios afectados de la Red Natura 2000 requerirán consulta al Estado y a Europa. Importantes programas de conservación llevados a cabo en estas zonas se pueden ver amenazados al entrar en colisión con los intereses mineros.
La Directiva Comunitaria de Planes y Programas que debería aplicarse a este ambicioso programa minero, requeriría una Evaluación Ambiental Estratégica. Hasta ahora se han otorgado 27.000 hectáreas de la provincia de Ciudad Real en derechos de investigación minera de tierras raras sin someterse a ella.
El impacto en la actividad socio-económica y en la calidad de vida de los ciudadanos de las comarcas afectadas requiere de un debate serio donde los partidos traigan sus propuestas a unos ciudadanos que ya han manifestado su oposición en la calle y a través de sus representantes políticos en las Cortes Regionales que han solicitado el archivo de los expedientes al Gobierno de Castilla-La Mancha.
