Como todos sabemos, se está llevando a cabo en estos días el juicio por el llamado “caso Noos”, y entre otros se ha sentado en el banquillo Cristina de Borbón, hija y hermana de Rey. La primera sesión de la vista se dedicó a lo que se llaman “cuestiones previas”, y entre ellas la más importante fue sin duda dirimir si la Infanta debería sentarse o no en el banquillo en la aplicación de la llamada “doctrina Botín”.
Dicen los que saben de esto que dicha doctrina consiste en que nadie puede sentarse en el banquillo si el fiscal o el perjudicado no lo acusan del delito en cuestión. Es decir, que si en una causa sólo existe la denominada “acusación popular” y no la de la Fiscalía u otros particulares perjudicados, esa acusación no basta para que alguien sea llevado a juicio. Sin embargo, esta doctrina ha sido matizada en varias ocasiones, siendo el caso más llamativo el del ex-presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, que sí que debió sentarse (y de hecho fue condenado) al entender el tribunal que el bien lesionado eran los intereses colectivos de la comunidad. Nos encontramos pues con que si el perjudicado es un particular puede aplicarse la doctrina Botín, mientras que si la perjudicada es la comunidad en su conjunto no puede aplicarse.
¿Lesionó (presuntamente) la Infanta los intereses colectivos, o los lesionados fueron los intereses particulares de alguien? Lo primero que hay que decir es que a Cristina de Borbón se la acusa de fraude fiscal, es decir, de no pagar los impuestos que le habrían correspondido. Este fraude está constatado y la propia defensa de la Infanta así lo reconoce. Por tanto, la perjudicada es la Hacienda Pública. Y es la consideración de bien colectivo o no de dicha Hacienda la clave para que se pueda aplicar la doctrina Botín en este caso. Que la defensa de la Infanta defienda que no es un bien colectivo y que se le aplique dicha doctrina es lógico, pero que a ello se sumen el fiscal y el abogado del Estado es extraordinariamente llamativo.
En efecto, hemos asistido a una encendida defensa en tromba de Cristina de Borbón por parte de quienes se suponen que están ahí para defender los intereses generales. Llamó mucho la atención que la abogada del Estado dijera que “Hacienda somos todos” no era más que un lema publicitario. Todos deberíamos tomar buena nota de esta declaración y tomarnos nuestras obligaciones fiscales como algo que quieren vendernos publicitariamente; y como la publicidad consiste en convencer a la gente que gaste lo que no tiene en cosas que no necesita, haríamos bien también en no dejarnos seducir por esos cantos de sirena. El argumento que se dio es sencillamente patético, y desde luego hace un flaco favor a la lucha contra el fraude que la Agencia Tributaria lleva librando desde hace mucho tiempo. Supongo sin embargo que, si finalmente la Infanta es exonerada de sentarse en el banquillo de los acusados, esta abogada será recompensada por el deber cumplido.
Dice la Constitución en su artículo 31 que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica (…)”.entre esos gastos públicos están, por ejemplo, el sueldo de los funcionarios, el gasto en desempleo o las subvenciones a los dependientes. Quizá los funcionarios deberían erigirse en acusación contra la Infanta porque ven lesionados sus intereses. O los millones de parados hacer una plataforma para acusarla por sentirse directamente perjudicados. O puede que los dependientes deban protestar en los tribunales por no ver aumentadas las partidas de gasto hacia ellos por culpa, entre otros, de esta señora. ¿Seguirían defendiendo entonces esta abogada del Estado y ese fiscal la necesidad de pedir que se aplique la “doctrina Botín” a la Infanta? ¿O quizá empezarían a pensárselo mejor? No, no lo creo. Ellos están ahí para no morder la mano que les da de comer y no para impartir Justicia. Eso se lo dejan a los jueces.
Con los impuestos se construyen carreteras. ¿Deben pedir los conductores que Cristina de Borbón sea juzgada? Con esos mismos impuestos se mejoran hospitales. ¿Deben los enfermos solicitar que no se aplique la “doctrina Botín”? Y con esos mismos impuestos se atiende la educación. ¿Tendrían que pedir los profesores (y los padres de los alumnos) que la Infanta no sea exonerada? Y la pregunta más importante, ¿cómo saldrá ahora el Ministro de Hacienda a pedirnos que cumplamos nuestras obligaciones fiscales sin que le entre la risa floja a él y a nosotros? La propia Agencia Tributaria se está haciendo un flaco favor a sí misma a través de la declaración que la abogada del Estado está haciendo en este juicio. Y en mi humilde opinión también se está haciendo un flaco favor a la Infanta si al final no es juzgada, porque dejaría entre los ciudadanos la sensación de que, a pesar de lo que dijo su padre, la Justicia no es igual para todos, y de que la única Ley que vale es la del embudo.
Lo más curioso de todo este asunto es que si la Infanta finalmente es juzgada puede que sea absuelta, con lo que vería limpio su buen nombre. Es la llamada “pena de telediario” lo que se quiere evitar con todo este despliegue de elocuencia desde el ministerio público, como si esa pena no hubiese sido dictada ya. Sería triste que fuera exonerada de sentarse en el banquillo en nombre de una doctrina que lleva el nombre de un antipático banquero. Y sería aún más triste que cundiera entre la población la idea de que ha recibido trato de favor. En un mundo en el que es un milagro encontrar hombres justos, ¿por qué deberíamos los demás ser generosos? No sé si será mucha o poca, pero estoy seguro de que tragaré mucha bilis cuando tenga que hacer este año la declaración de la renta. Y como yo, muchos.
Puede que la abogada del Estado tenga razón y que “Hacienda somos todos” no sea más que un lema publicitario, pero entonces será sin duda un claro ejemplo de publicidad engañosa. Y no sé si serían aquí aplicables leyes contra este tipo de publicidad. Claro que entonces la que debería sentarse en el banquillo sería la Hacienda Pública por tratar de engañar a los españoles. Pero sin duda no lo hará, porque de hacerlo le aplicarían la “doctrina Botín”.
