A partir de entones una parte del tiempo de la vida y el dinero devenido de la vida creadora del hombre deben consagrarse a los Manes del Estado, nuevo Dios en la tierra para aquellos que no tienen un corazón liberal. Por ello, y desde entonces, todo liberal de corazón tratará de acabar con la conscripción militar obligatoria y aminorar el daño que los impuestos producen al individuo, único ente humano que nace y muere ( los otros entes son meras curiosidades antropológicas o sociológicas, incluso a veces farisaicas farsas: pueblo, sindicato, etnia, partido…). Y tenía que ser un liberal de raza, como José María Aznar, quien quitase el servicio militar obligatorio y bajase los impuestos hasta límites que nunca se ha hecho durante los treinta y siete años que viene durando la democracia española. Aunque le perjudicase políticamente, su honestidad de basalto le impidió crear un solo cargo administrativo que no fuera imprescindible para España ( por ello camparon por sus respetos Televisión Española y Radio Nacional, enhebrados hasta los tuétanos de gentes antigubernamentales que atacaban a Aznar con más saña y odio que las televisiones y emisoras privadas ).
Nunca debemos olvidar que el origen de los impuestos es un préstamo que los ciudadanos dan al Estado a fin de que éste, como mera herramienta pública, pueda cumplir los objetivos que la sociedad civil le ha encomendado y por los cuales se ha constituido. Hasta tal punto éste ha sido el origen de los impuestos que durante la Democracia Ateniense y la República Romana el Estado devolvía cuando podía el dinero que los ciudadanos habían adelantado en forma de impuestos ante alguna urgencia o calamidad (“Pecunia nervus belli”, decía Tácito). El dinero con mayor rentabilidad social es aquél que se queda en los bolsillos de los ciudadanos. Más aún, la acción recaudatoria en época de superávit crea fondos inactivos que no pueden circular para estimular la economía.
Es por ello que el Partido Popular debería proponer y animar a los pocos Ayuntamientos, Diputaciones y Administraciones autonómicas que tengan superávits, que no impongan impuestos hasta que se le acabe tales supuestos superávits, que amnistíen los magros bolsillos de los ciudadanos hasta que se liquide tan fantástico y bienvenido superávit. Hay impuestos, por ejemplo, de los que los Ayuntamientos no tienen posibilidad legal de exonerarnos, pero otros tipos de tasas sí, o, por lo menos, rebajar su precio. En Valdepeñas, por ejemplo, la tasa por las basuras en el Peral y la de los bares y comercios – aún habiendo obras que dificultan la llegada de clientes - , zona azul – que en algunos pueblos de España llega a los extrarradios- …
El Estado no es sólo la herramienta suprema creada desde la sociedad civil, sino que está financiado “sólo” desde la sociedad civil con criterios que sólo interesan y se aprueban en el seno de la sociedad civil. Por esa razón, la imposición de impuestos por administraciones con superávit es toda una contradicción en sus términos. Es inicuo que las Administraciones tengan superávit estéril y, a la vez, sigan exigiendo impuestos a los ciudadanos a los que sirven.
El Estado no es un club deportivo, un partido político, o una organización cultural o religiosa, al que se le deba pagar una cuota, sino una herramienta de trabajo de la que son dueños y señores los ciudadanos. Aunque fuera cierta la afirmación de Knapp de que “es dinero lo que el Estado decreta”, éste siempre lo debe hacer en nombre de los ciudadanos, del gentilicio que representa.
La historia de las revoluciones liberales, de las que todos los militantes del PP deben sentirse herederos, es la historia de una reducción drástica del poder que tenía el viejo Estado para gastar el dinero recaudado mediante impuestos o préstamos. De lo contrario, el Estado volvería a ser un Rey absoluto, y los Ayuntamientos torvos señores feudales.
Las situaciones de superávits en las Administraciones y la Hacienda Pública es un hecho tan estrafalario que algunas escuelas económicas, como la saintsimoniana, la consideraban un mal intrínseco, peor que la deuda pública. Al fin y al cabo la deuda pública supone un activo social. Una deuda nacional sostiene el crédito y la confianza de los inversores. Jacques Laffite fue más lejos: favoreció el endeudamiento, en lugar de los impuestos, en la Hacienda Pública, debido a sus predilecciones keynesianas. Y es que los impuestos son nocivos porque perjudican al dinero “activo”, mientras que los préstamos son útiles porque galvanizan el dinero “muerto” y lo hacen entrar en acción. Pero la gestión de la deuda en un país como éste, con nuestros políticos, puede ser casi peor que el superávit estrambótico.
