Estos concejales denuncian que “el alcalde y los tenientes de alcalde han adjudicado gratuitamente, a un particular con ánimo de lucro, unos terrenos valorados en 846.000 euros cuando por Ley solo pueden cederse por precio, motivo por el cual el Registro de la Propiedad ha denegado la inscripción”, señala la nota.
Asimismo, denuncian un “presunto delito de tráfico de influencias y falsificación documental por cuanto los concejales y el alcalde pusieron a disposición del promotor unos terrenos municipales antes de iniciar ni siquiera el expediente para su licitación, se los adjudicaron pese a no cumplir los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones y permitieron construir pese a que la cesión estaba invalidada jurídicamente y que, por tanto, el industrial no tiene ningún derecho sobre los terrenos”.
Según los concejales socialistas “el alcalde miente cuando afirma que todo se ha hecho siguiendo los informes técnicos porque el Registro de la Propiedad, por dos veces, ha denegado la inscripción del derecho de superficie de los terrenos, por no ser legal y no le ha hecho ningún caso”.
Al parecer, y según los socialistas “estas Diligencias Previas son diferentes a las abiertas tras la denuncia realizada por la Asociación de Vecinos del barrio de La Pradera que se tramitan en el Juzgado núm. 1 y de las que su Presidenta ha dado información a los medios de comunicación”.
Según los concejales socialistas “el industrial solicita licencia para construir y afirma ser propietario de unos terrenos, incluso autoriza a los funcionarios municipales a entrar en los mismos, cuando éstos eran y son propiedad municipal. Pese a ello Ángel Puente tramita todos los permisos y le concede la licencia. Posteriormente, casi dos meses después, cuando quieren revestirlo de legalidad, sacan a concurso los terrenos exclusivamente para empresas de I+D (Investigación y Desarrollo) y, María Jesús Pelayo, se los adjudica pese a que la propia empresa reconoce que no es una empresa de I+D. Para remate, el alcalde firma una escritura pública de cesión y asiste a la colocación de la primera piedra de la industria a sabiendas de que todo lo hecho estaba anulado por el Registro de la Propiedad”.
Desde el grupo socialista se preguntan “¿Qué interés había? No es de recibo afirmar que se ha hecho para promover el empleo. Eso no se lo cree nadie cuando en Alcázar hay polígonos y otros lugares de sobra para poner este tipo de instalaciones”.
Los socialistas también explican que “de momento, entre los cerca de 4000 parados de la localidad, uno de los primeros trabajadores contratados por la empresa RGS2 es precisamente el hermano de la Teniente de alcalde María Jesús Pelayo que fue la persona que firmó el Decreto de adjudicación de los terrenos. También destacan que según algunas fuentes el teniente alcalde Ángel Puente, que de su propia mano tramitó las licencias y publicaciones oficiales cuando los terrenos no habían sido licitados públicamente, ha viajado a varios países de América y Asia acompañando al industrial propietario de la Planta de Neumáticos y pidió la baja como concejal del ayuntamiento para dedicarse a la “consultoría internacional, según sus propias declaraciones”.
Consieran que “el alcalde y el PP, no pueden decir que no están imputados. Están acusados de cometer un delito y dos juzgados diferentes han abierto diligencias porque hay indicios de ello. En esa misma situación están otros miembros de la Corporación y llevan dos años y medio repitiendo todos los días que están imputados” y añaden que “por eso, mal que le cueste reconocerlo y digan lo que digan, el alcalde y los concejales están imputados, por falsificación documental, prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la administración. Y el juzgado tiene toda la documentación que demuestra que han regalado terrenos públicos que no pueden regalar y han permitido construir a quien no tienen derecho para ello”.
Los socialistas también se refieren en la nota a que “el alcalde y el PP en lugar de explicar si es o no verdad que han regalado lo que no podían regalar, se han dedicado a “matar al mensajero”, descalificando y amenazando a la Presidenta de la Asociación de Vecinos, a los concejales de la oposición y a los medios de comunicación que no han hecho otra cosa que poner en manos del juzgado unos hechos los primeros e informar de ello los segundos” y añaden que “los que han dicho que lo denunciado es presuntamente delictivo son dos jueces diferentes en dos juzgados diferentes, no los concejales socialistas, ni la Asociación de Vecinos”.
Desde el grupo socialista del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan consideran que se trata de una “jugada sospechosa y reproduce un modus operandi del PP y CXA durante estos cuatro años: Regalamos unos terrenos municipales a ver si con la excusa del empleo nadie se da cuenta. Regalamos la empresa de Aguas con la excusa de que tenía una deuda y la dejamos más endeuda, pero en manos de un particular. Adjudicamos la Limpieza Municipal al más caro con un Informe de un técnico especialista en dársela a las más empresas más caras que, coincide son con las que él trabaja. No adjudicamos el Ferial y perdemos 5,5% millones de euros todo por no darle la obra a la empresa más barata. Ese empeño de regalar lo público, elegir al más caro, buscar técnicos externos incluso imputados por tráfico de influencias y fraccionar contratos para evitar la publicidad es muy sospechosa, así es como ha funcionado la financiación ilegal del PP según estamos sabiendo por las investigaciones judiciales y ésta ha sido la seña de identidad del PP y CXA en Alcázar durante estos cuatro años.
Finalmente, explican que, por el momento, no se han incorporado a la querella los temas medioambientales y de salud pero que “nos llega información de que la Planta no tiene nada de I+D (la propia empresa lo reconoce en la documentación presentada). Que hay plantas construidas con tecnología más avanzada que esta. Que el proceso tiene todas las características necesarias para producir emisiones radicalmente cancerígenas (dioxinas, furanos, metales pesados, etc.). Que las autorizaciones medioambientales son excesivamente permisivas. Y muchas cosas más, pero esto es un asunto muy técnico para el que nosotros necesitamos un asesoramiento que no está a nuestro alcance y que debiera estudiar la fiscalía o el juzgado”.
Desde el grupo socialista entienden y comparten la preocupación de los vecinos del barrio de La Pradera que “no quieren tener en la acera de enfrente de sus casas un foco potencialmente emisor de sustancias cancerígenas, motivo por el cual han denunciado los hechos ante la Fiscalía y el Juzgado de Alcázar dando como resultado la apertura de otras Diligencias Previas del Juzgado núm. 1 de Alcázar”.
