La trabajadoras de ayuda a domicilio de la localidad de Cózar comenzaron el lunes 5 de agosto una huelga que durará hasta el viernes 9 de agosto, como protesta ante su precaria situación. Su primera reivindicación es que la empresa concesionaria les debe hasta 6 meses de nóminas, y aunque parece que con el nuevo pago a proveedores que está poniendo en marcha el Ministerio de Hacienda se saldará la deuda, no confían en ello tras varias reuniones sin conseguir un calendario para el pago de sus nóminas.
Ademas, las trabajadoras quieren llamar la atención sobre el peligro que corren sus puestos de trabajo con la nueva normativa sobre ayuda a domicilio aprobada por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y la revisión de “los grados” que se están realizando entre los usuarios reduciendo el número de estos sustancialmente y el número de horas a trabajar.
Aunque han reconocido que la empresa aún no ha cobrado todo el 2012 y nada 2013 se han visto obligadas a realizar esta huelga para intentar llamar la atención sobre su situación ante el Ayuntamiento y la Junta. El Ayuntamiento ya ha adelantado dinero pero es insuficiente, también se ha reunido con las trabajadoras para informarles de las gestiones que está realizando para intentar cobrar la parte de la Junta lo antes posible pero sin éxito ninguno. Según una de las trabajadoras "la Junta sigue sin dar unos plazos concretos y creíbles sobre el pago y que regularizarían nuestra situación".
Ayer miércoles las trabajadoras de ayuda a domicilio de Cózar, excepto las que cumplían con los servicios mínimos, se concentraron a las puertas de la residencia de esta localidad, para continuar con las protestas.
"La empresa no paga porque el ayuntamiento no paga y este no paga porque la Junta no paga y ademas la Junta es quien tiene las competencias. No cobramos nuestro trabajo diario, un trabajo que no hemos abandonado nunca", indicó una de las trabajadoras.
También quisieron recordar a los usuarios, todos personas mayores que necesitan de su ayuda, que la atención prestada está en riesgo por los impagos y las nuevas normativas aprobadas por la Junta.
