Durante su visita a Asociación para la Ayuda de Personas con Parálisis Cerebral (ASPACECIRE) con motivo de la celebración del Día de la Discapacidad, Rodríguez ha dicho que “estos colectivos han sido una de las grandes víctimas de los recortes asestados por Rajoy y Cospedal en la Ley de la Dependencia”.
Para restituir esta situación, Rodríguez ha reiterado la “obligación moral” de los socialistas para “recuperar toda la fortaleza de esa ley” con recursos humanos y presupuestarios, además de cambiar el artículo 49 de la Constitución Española para dejar de usar el término peyorativo ‘disminuidos’ y en su lugar emplear personas con discapacidad, y posibilitar también que este colectivo de personas con parálisis cerebral puedan ejercer su derecho al voto si así lo desean cada vez que haya una convocatoria electoral.
Isabel Rodríguez ha resaltado que esta responsabilidad en la defensa de los colectivos sociales más vulnerables es una “bandera” del Partido Socialista, y en este sentido ha citado los pasos dados en esa dirección por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al eliminar las tasas que creó Dolores Cospedal para la valoración en la Ley de la Dependencia y otra medida “muy valorada” por los padres y las madres de los usuarios de ASPACECIRE, como es la garantía de saber que cuando falten los padres o tutores, la Junta de Comunidades se hará cargo de sus hijos discapacitados.
La cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados ha dicho que este último compromiso, el de la Garantía de la Tutela Jurídica Preferente que García-Page pretende incluir en el Estatuto de Autonomía, es el que debe definir a “una sociedad civilizada, moderna y que pretende dar dignidad a todas las personas como queremos que sea la sociedad de Castilla-La Mancha y por extensión la sociedad española”.
Por último, Rodríguez ha citado otros tres casos concretos que dejan a las claras la sensibilidad de los socialistas en material social. El primero, la retirada del recurso de casación presentado por el anterior Ejecutivo regional del PP contra la anulación de la ley que recortaba las prestaciones a los dependientes; el segundo, el hecho de que la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha fuera el primer colectivo invitado al Consejo de Gobierno por parte de García-Page; y el tercero, la tramitación de “los más de 27.000 expedientes de dependencia que Cospedal dejó guardados en un cajón”.
