La iniciativa pedía, además, instar a los países en los que se producen estos crímenes a seguir intensificando los esfuerzos por prevenir y erradicar los delitos de honor cometidos contra las mujeres y las niñas, enjuiciando y documentando eficazmente estos delitos y castigando a los autores porque, según afirmó, “ni la religión ni la tradición pueden nunca imponerse a los derechos fundamentales ni la religión ni la tradición pueden nunca imponerse a los derechos fundamentales”.
Quintanilla, que defendió esta proposición en nombre del Grupo Parlamentario Popular afirmó que “la finalidad última de esta iniciativa no es ni más ni menos que romper una lanza a favor de los derechos humanos y, más en concreto, de los derechos de miles de mujeres y niñas que, en pleno siglo XXI, son asesinadas por miembros masculinos de sus propias familias a causa de los denominados “crímenes de honor”.
La presidenta de la Comisión de Igualdad recordó que, Según Naciones Unidas, “unas 5.000 mujeres son asesinadas cada año en diversas partes del mundo por estos “crímenes de honor”, aunque esta cifra corresponde sólo a los casos que se llegan a conocer por informes policiales o de las ONG´s ya que si sumáramos los casos que se ocultan y no se conocen, esta cifra podría multiplicarse por cuatro”. Del mismo modo, subrayó que, en los últimos años y a través el fenómeno de la inmigración, esta cruel práctica se ha extendido también a los países occidentales y se calcula que en Europa se producen cada año alrededor de 100 asesinatos de mujeres a causa de los “crímenes de honor”.
Quintanilla recordó que “rechazar un matrimonio concertado, sufrir una violación, buscar el divorcio de un marido que abusa de ellas, ser acusadas de adulterio, vestir como las mujeres occidentales, no usar correctamente el velo islámico o, simplemente, no acatar cualquier decisión tomada por el padre o los hermanos, es decir, decidir sobre sus propias vidas, puede suponer para muchas mujeres encontrar la muerte más cruel: lapidadas, quemadas vivas, rociadas con ácido, estranguladas, degolladas, tiroteadas, envenenadas o apuñaladas”.
“El derecho a la vida de las mujeres, en estos casos, se ve condicionado por la obediencia a las normas sociales impuestas a su género”, añadió.
Carmen Quintanilla destacó que en España, desde la aprobación y puesta en marcha de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, los delitos cometidos en nombre del honor se engloban dentro de los de violencia de género cuando tienen por sujeto pasivo a una mujer o a una niña y recordó, además, que en nuestro país, nuestro Ordenamiento Jurídico, “igual que no consiente los Tribunales de Honor, prohibidos por el artículo 26 de la Constitución, tampoco consiente los denominados crímenes de honor”.
A nivel europeo, la presidenta de la Comisión de Igualdad señaló que también el Parlamento Europeo instó a sus Estados miembros a reconocer como actos de violencia contra las mujeres los cometidos por parientes hombres, no sólo cónyuges o personas ligadas a ellas por relaciones de análoga afectividad y a rechazar toda referencia a prácticas culturales, tradicionales o religiosas, incluidos los “crímenes de honor”.
También recordó que el Consejo de Europa, en el Convenio de Estambul para la Prevención y para Combatir la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica aprobado en 2011,firmado y ratificado por España, que entró en vigor el pasado 1 de agosto en los 13 países que lo han firmado y ratificado hasta el momento, obliga a estos países a criminalizar la violencia sexual, física y psicológica, los crímenes de honor, los matrimonios forzosos, la esterilización forzosa y la mutilación genital femenina. “Por ello, continuando con el compromiso de España en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres expresada de manera explícita con la ratificación por parte del Gobierno del Convenio de Estambul, desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos muy oportuna y positiva la presentación de esta iniciativa parlamentaria”, concluyó.
