Desde el año 2013 se han otorgado 10 permisos de investigación en la provincia de Ciudad Real que afectan a cuatro de las cinco comarcas de la provincia: La Mancha, Montes de Norte, Campo de Calatrava y Campo de Montiel, así como a los municipios: Navas de Estena, Valdepeñas, Moral de Calatrava, Alhambra, San Carlos del Valle, Membrilla, Manzanares, Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Torre de Juan Abad, un total de 27.500 hectáreas.
Los permisos han sido concedidos sin haber sido consultados los ayuntamientos, los sectores productivos básicos relacionados con las actividades agropecuarias o los ciudadanos. La Junta de Castilla La Mancha ha concedido un verdadero plan de espaldas a los ciudadanos y sus instituciones representativas.
La Plataforma afirma que la actividad minera de las tierras raras va a poner en riesgo el modelo agropecuario de calidad, marca y prestigio de las producciones de las comarca de la Mancha afectadas por los permisos ya que asociarían en los mercados nacionales e internacionales nuestros productos con un lugar donde se desarrolla una minería peligrosa y contaminante.
El consumo de agua previsto en una de las solicitudes de actividad de explotación, la situada en los municipios de Torrenueva y la Torre de Juan Abad, es de más de 300.000 metros cúbicos al año del pantano de la Cabezuela que inicialmente la Confederación hidrográfica ha denegado. El vertido a los acuíferos de las balsas de decantación, una vez se utilice en el lavado de la tierra en busca del mineral, hacen que el proyecto minero sea inasumible por los consumos de agua y los posibles vertidos que puedan contaminar nuestro recurso más preciado, el agua.
El proyecto conllevaría además un infierno de ruido, polvo y contaminación lumínica durante 24 horas en la planta de tratamiento, en la medida que tienen previsto funcionar las 24 hora durante 5 días a la semana.
A todo ello hay que sumar que la fiscalidad de la actividad minera es del 1% para el estado, nada para los municipios y nada para la comunidad autónoma.
La Plataforma advierte que las tierras, en virtud de la misma ley de minas del año 73 que ampara esa actividad, son expropiables automáticamente y que los propietarios sólo tienen derecho a negociar con la empresa un precio de mercado o el justiprecio de la expropiación.
Seguimos sumando posibles “daños”: el cervantino Patrimonio Cultural intangibles del Campo de Montiel, los paisajes únicos, el excepcional patrimonio natural de dos ZEPAS que forma parte de la Red NATURA 2000 por la presencia de verdaderas joyas de la naturaleza, únicas, que están en peligro de extinción. Todo ese valor y patrimonio se pone en riesgo a cambio de nada.
Para la ejecución del proyecto de investigación eran necesarias autorizaciones de los Servicios Periféricos de Agricultura de Ciudad Real, del Servicio de Montes y Espacios Naturales para el desbroce de la vegetación, en caso necesario, de los Ayuntamientos y de otros organismos oficiales en aplicación de la legislación sectorial y ordenanzas municipales.
Antes del inicio de los trabajos de campo, fecha de comienzo de las obras con una antelación mínima de 10 días, los mismos se debían comunicar en la dirección [email protected] o en las dependencias del Servicio de Calidad e Impacto Ambiental de los Servicios Periféricos de Agricultura.
El Ayuntamiento de Torre de Juan Abad, nos ha comunicado mediante certificado, que ha iniciado los trámites para la apertura de un expediente por infracción, a las distintas empresas que realizaron el Proyecto de Investigación en su término municipal al no contar con las licencias urbanísticas oportunas y que eran preceptivas según la Resoluciones de la Dirección General.
Sobran motivos para el debate, el acuerdo y la solicitud de archivo definitivos de las concesiones mineras por parte de los ayuntamientos como instituciones más cercanas a los ciudadanos, encargados de velar los intereses de los vecinos en cada término municipal.
