Desde ‘Sí a la Tierra Viva’ entienden que las declaraciones del director general de Industria, Energía y Minería de Castilla-La Mancha, José Luis Cabeza, considerando injustificado el alarmismo vecinal ante estos proyectos, “demuestra que su posicionamiento no está siendo objetivo en este asunto”.
“Creemos que la administración autonómica debe propiciar la difusión ciudadana de toda la información posible sobre estos 10 proyectos mineros. Algo que hasta ahora no ha ocurrido. Ante el silencio de la administración, han tenido que ser los ciudadanos los que se activen e informen de los peligros derivados de este tipo de explotación minera”, aseguran desde la plataforma.
Asimismo, les preocupa “la locuacidad de José Luis Cabezas, en un momento en el que el trámite administrativo de este proyecto minero se encuentra en Medio Ambiente, un área fuera de su competencia. Esta locuacidad de Industria contrasta además con el silencio significativo, hasta ahora, del titular de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, quien debería estar doblemente interesado ya que además tiene asignadas las competencias en Agricultura y Desarrollo Rural”.
Desde la Plataforma vecinal ‘Sí a la Tierra Viva’ señala que desde 2013 se han otorgado 10 permisos de investigación minera en Ciudad Real para determinar la concentración de 'tierras raras', en concreto de mineral de monacita, y poder explotarlo. “Estos permisos afectan, hasta el momento, a cuatro de las cinco comarcas de la provincia: La Mancha, Los Montes de Toledo, Campo de Calatrava y Campo de Montiel. En concreto a los siguientes municipios: Navas de Estena, Valdepeñas, Moral de Calatrava, Alhambra, San Carlos del Valle, Membrilla, Manzanares, Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Torre de Juan Abad. Son un total de 27.500 hectáreas. Y ante esto, ningún partido político llevaba en su programa electoral convertir a Ciudad Real en la primera región de Europa con un gran proyecto de minería de tierras raras”, declaran.
“Estos proyectos mineros generan graves peligros por el elevado consumo y contaminación de aguas, ruidos, polvo, contaminación lumínica, destrucción del entorno agrícola y natural”, afirman desde la plataforma, al tiempo que confirman que “hay precedentes como la región de Baotou en China, donde los habitantes de la zona han tenido que ser evacuados por los serias consecuencias de las minas sobre la salud; o de Mountain Pass en Estados Unidos donde hubo una fuga de agua radioactiva”.
La Plataforma ‘Sí a la Tierra Viva’ denuncia que “los vecinos y propietarios de los terrenos afectados tienen derecho a saber que, en virtud de la Ley de Minas de 1973, sus propiedades pueden ser expropiables automáticamente por el periodo en que se lleve a cabo la actividad minera. Por lo tanto, los propietarios sólo tienen derecho a negociar con la empresa un precio de mercado o el “justi precio” de la expropiación”.
“A todo ello hay que sumar que la fiscalidad de la actividad minera es del 1% para el Estado, nada para los municipios y nada para la comunidad autónoma”, añaden.
“Ante esta situación, los vecinos de Castilla-La Mancha tenemos derecho a que nuestros políticos informen y debatan con nosotros, y que no se preocupen únicamente por silenciar el activismo ciudadano”, concluyen.
