La consejera ha especificado que durante los cuatro últimos años se han aprobado tres normativas (el memorándum del Tajo, la Ley de Montes y la Ley de Evaluación Ambiental) con la connivencia de cinco presidentes autonómicos “del mismo signo político” y que han dado lugar a un blindaje del trasvase de facto, por lo que considera que la iniciativa aprobada por el parlamento murciano carece de toda efectividad.
Con respecto a las alternativas al trasvase planteadas en los últimos días desde el Gobierno de la comunidad murciana, Elena de la Cruz se ha referido al trasvase del Ebro asegurando que es una “infraestructura que no se puede hacer porque cuesta 4.000 millones de euros y porque la Unión Europea no lo va a permitir porque es totalmente insostenible y va en contra de la Directiva Marco del Agua”.
“Nosotros –ha dicho en relación al Tajo-Segura- tenemos una infraestructura que hoy en día no se hubiera dejado construir”, por ello “queremos apelar a que seamos todos responsables porque el río Tajo no tiene agua, los embalses de cabecera no tienen agua de dónde sacar”. Con respecto a otras medidas alternativas, ha asegurado en referencia a la desalación que “afortunadamente hoy en día las hay, tanto para consumo humano como para riego que no pasan por trasvasar el agua. En esa voluntad de diálogo vamos a seguir tendiendo la mano al Gobierno de Murcia pero el camino no pasa por una infraestructura que está agotada porque no hay agua. Lo que le pediremos al gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre es que convoque un gran pacto del agua en el que estemos todos sentados y busquemos alternativas que sean buenas y justas para todos”.
ATC
Preguntada también por los medios informativos acerca de la anulación del Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas, Elena de la Cruz ha afirmado que a día de hoy no se ha recibido en la Consejería ningún escrito que replique a la resolución dictada el pasado miércoles a raíz de los informes legales y técnicos que anularon dicho POM. “Cuando se reciba, se contestará”, ha indicado, recalcando que la anulación “no es nada extraordinario”, ya que diariamente se producen actos administrativos de índole parecida.
La consejera ha vuelto a invitar a los responsables políticos del Partido Popular que han hecho “un rosario de declaraciones y manifestaciones absolutamente impropias” a recurrir por la vía administrativa en lugar de amenazar con querellas, puesto que la vía penal “carece de todo sentido jurídico” en este caso. “Si no están de acuerdo con la resolución, que sigan las vías legales oportunas”, ha remarcado.
