De la Cruz considera que el Tajo constituye un tema que “sigue siendo espinoso”, por lo que prevé que “será muy difícil llegar a acuerdos en el futuro”, ya que la ministra considera que el memorándum es eficaz y debe continuar en vigor. El Ejecutivo que preside Emiliano García-Page ha pedido en varias ocasiones, la última ayer ante la propia ministra, la retirada de esta norma por “ineficaz” e “insuficiente”. Frente al criterio de García Tejerina, De la Cruz sostiene que “el memorándum es un fracaso” que no sólo no resuelve, sino que agrava la mala situación de la cuenca del río.
La consejera ha sido rotunda al respecto del Pacto Nacional del Agua que por fin está impulsando el Gobierno de España tras serle requerido por varias comunidades autónomas, entre ellas la castellano-manchega. En concreto ha afirmado que “nos alegra que el Ministerio coja el guante” de la negociación y el diálogo, aunque ha ceñido la posibilidad de alcanzar a acuerdos de consenso a que “se disminuya la presión sobre el Tajo” y a que el Estado establezca nuevos mecanismos estructurales para dotar del agua que consume el sureste español, lo que permitiría devolver al río un “estado medioambiental idóneo”.
De la Cruz ha dicho que el Gobierno de Castilla-La Mancha está “deseoso e impaciente” por entablar esas conversaciones a nivel nacional pero que no las apoyará si no vienen aparejadas de una drástica reducción de la sobreexplotación del Tajo.
Abastecimiento y depuración
En relación a otros asuntos de interés para la región, Elena de la Cruz ha desvelado que el Ejecutivo regional ha pedido al Estado que se involucre en la financiación de importantes sistemas de provisión de agua potable en la región, así como apoyo en el despliegue de la depuración en los pequeños municipios.
En relación al abastecimiento, la consejera ha explicado que ayer se solicitó al Ministerio impulso a dos importantes sistemas de los que beben más de medio millón de habitantes en la región: Picadas (Toledo capital y el Norte de la Provincia) y la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (de la que se abastece Guadalajara, los principales municipios del tramo guadalajareño del Corredor del Henares y el municipio madrileño de Alcalá de Henares). También ha dado traslado de los problemas con la amortización de unas obras de Acuaes que sufre la Mancomunidad de usuarios de El Montoro, en Puertollano, para que la ministra les convoque a una reunión.
El Gobierno regional pretende, y lo seguirá intentando en las reuniones temáticas que continuarán a esta primera toma de contacto con el nuevo Gobierno nacional, contar con financiación estatal para desarrollar la segunda conducción de Picadas para sustituir una tubería anticuada que produce continuas averías. En 2014 llegaron a interrumpir el abastecimiento durante dos días.
En relación a la Mancomunidad del Sorbe, la consejera ha revelado que la ministra confesaba ayer la retirada de la encomienda a Acuaes para la construcción de la tercera tubería, por lo que se habrían perdido importantes fondos europeos. Esta nueva conducción sustituiría a una infraestructura que en la actualidad también produce serios problemas de mantenimiento que ponen en riesgo el suministro de agua de boca a uno de los principales centros demográficos e industriales de la región.
“Es necesario retomarla”, ha dicho De la Cruz, quien ha indicado que el Gobierno regional seguirá presionando pese a que “las previsiones presupuestarias no son nada halagüeñas”, y que “de momento no está en los planes del Ministerio”. También ha reclamado a la ministra que aclare el consumo exacto que el madrileño Canal de Isabel II hace del agua del pozo de los Ramos, en Guadalajara, a fin de poder aumentar el caudal actual del que dispone el Corredor y satisfacer las futuras necesidades humanas y empresariales.
La consejera ha confirmado su decepción ante la respuesta de García Tejerina en este asunto y en lo referente a depuración, ya que de 4.000 millones de inversión prevista para toda España según las cifras comunicadas ayer, apenas un 1,5% y 10 obras se destinarían a Castilla-La Mancha. De la Cruz ha recordado que en la región se precisan aún 547 depuradoras, la mayoría de las cuales en el medio rural, donde el correcto tratamiento de las aguas afecta a “zonas sensibles” como espacios protegidos o parques naturales.
Para De la Cruz, es “vital” que el Estado se implique en apoyar a los pequeños municipios en esta cuestión, ya que las depuradoras fuera del ámbito urbano carecen de interés comercial para las empresas privadas. La consejera ha desvelado que además de las 10 localidades con procedimientos de sanción abiertos, el año próximo podría haber otras 75 más en toda la región, por lo que se ha comprometido a insistir durante los encuentros bilaterales posteriores que mantenga la Junta de Comunidades con la Administración del Estado.
