Como explica el director general de Trabajo, Eduardo del Valle, “este sistema permite mejorar tanto la calidad de la atención a las personas dependientes de la región como las condiciones laborales de estos trabajadores, con la repercusión que todo ello tiene en la economía regional”.
Del Valle señala que, estos profesionales ya han terminado la fase de acreditación de competencias adquiridas mediante la experiencia laboral y que recibirán las acreditaciones de aquellas unidades de competencia que los tribunales de evaluación han considerado positivas, de modo que quienes las acrediten todas podrán obtener el correspondiente certificado de profesionalidad que les habilita para ejercer su profesión.
El resto de personas que están participando en este proceso, casi 3.000 más, se encuentran actualmente pasando la fase de asesoramiento o de evaluación de sus competencias, un proceso que acabará en el mes de marzo.
El director general de Trabajo ha resaltado que este programa permite cumplir los requisitos de cualificación exigidos a 31 de diciembre de 2017 para aquellas personas que realicen las funciones de asistencia personal a personas en situación de dependencia y los auxiliares de ayuda a domicilio, así como los cuidadores y gerocultores que presten sus servicios en centros o instituciones sociales.
Para aquellos participantes que no consigan acreditar todas las competencias profesionales del certificado de profesionalidad, se va a programar formación de las unidades de competencia no acreditadas, todo ello con la finalidad de que todas tengan el certificado de profesionalidad.
El titular de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral ha subrayado que con el programa ‘Acredita’ “hemos desbloqueado el proceso de acreditación de competencias profesionales de personas que ya habían pagado sus tasas en 2014, aunque no pudieron conseguir el título necesario para ejercer su profesión porque no hubo consignación presupuestaria del anterior Ejecutivo para ello ni en 2014 ni en 2015”.
Como resalta Del Valle, “esta situación dejó a muchas personas en una situación sin salida, pues habían pagado sus tasas con la intención de lograr una acreditación que necesitaban para mantener sus puestos de trabajo o para acceder a ellos, pero no llegaron ni a comenzar el proceso”.
