Ambas organizaciones han presentado un documento para demandar la elaboración de una Ley de Memoria Democrática que garantice la retirada de la simbología franquista; establezca una dotación presupuestaria para las políticas públicas dedicadas a la localización, exhumación e identificación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura; prohíba la simbología contraria a la memoria democrática o fomente la creación de comisiones de la verdad con expertos independientes que investiguen violaciones de derechos humanos.
Julio Parra Seguí ha intervenido en nombre de la Gavilla Verde, destacando la labor que desempeñan las asociaciones y los retos a los que se enfrentan. Entre dichos retos, Parra ha destacado el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por parte de las instituciones y administraciones públicas. “Con la llegada del PP, las funciones de la Oficina para Victimas de la Guerra Civil y la Dictadura pasan a depender de la División de Derechos de Gracia y Otros Derechos, que tramita los indultos y los títulos nobiliarios”. Parra ha concluido afirmando que “se hace imposible cumplir con la Ley de Memoria Histórica y con los compromisos y tratados internacionales suscritos por España”.
Por su parte, Rafael Priego Correa, en representación de Ciudadanos por la República, ha coincidido con Parra en el “deber” del estado de cumplir los tratados internacionales suscritos y en el hecho de que “los crímenes de esa humanidad son imprescriptibles”. Así, se ha referido a los informes del relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, sobre la inhibición de los tribunales españoles esgrimiendo la Ley de Amnistía, destacando que dicha ley queda “supeditada a los tratados internacionales firmados por el Reino de España”.
