Para ello, subrayó que “el respeto y el diálogo con la sociedad” marcarán la acción del Ejecutivo autonómico integrando en esta política de colaboración y esfuerzo a los agentes sociales como “elemento imprescindible en el proceso de participación y negociación”.
En este punto, citó el Acuerdo Marco para la Recuperación Social y Económica de Castilla-La Mancha que se desarrollará a través de tres Pactos: Pacto por la Recuperación Económica, en una región con el 36,9% de la población en riesgo de pobreza o exclusión, 77.921 hogares sin ingresos y 122.271 desempleados; Pacto por la Recuperación Social, para recuperar el nivel de los Servicios Públicos; y Pacto por la Regeneración Democrática e Institucional, que contempla la modificación del Estatuto de Autonomía, la Ley Electoral y la Ley del Gobierno.
Estructura de la Vicepresidencia
Martínez Guijarro, que desgranó las tareas y objetivos de su departamento, explicó que asume las competencias de coordinación general, relaciones con las Cortes, portavocía del Gobierno y relaciones con los medios de comunicación social.
Forman parte de la Vicepresidencia de Castilla-La Mancha la Dirección General de Relaciones con las Cortes; la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos; la Dirección General de Comunicación; la Dirección General de Promoción Institucional; la Dirección General de Coordinación y Planificación; el Instituto de la Mujer; la Oficina de Transparencia y Control Presupuestario; y el Ente Público Radio Televisión de Castilla-La Mancha.
Ley de Transparencia y Buen Gobierno
Durante su intervención, el vicepresidente de Castilla-La Mancha destacó como otro de los grandes objetivos de la legislatura la redacción de una Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Entre otros aspectos, incluirá la creación de un Portal como “instrumento básico para facilitar a la ciudadanía la información del sector público regional”.
Una Ley que, tal y como explicó, viene impulsada por el gran pacto de regeneración política y ciudadana de la administración sobre el cual gira el pacto de investidura y que responde al objetivo de “volver a ser pioneros en materia de transparencia”.
De igual importancia para el Gobierno es la redacción de una Ley de Participación Ciudadana que estimule y facilite la aportación de las ciudadanas y ciudadanos de Castilla-La Mancha en la búsqueda de soluciones a los problemas que les afectan.
Articulará las figuras de la Iniciativa legislativa Popular, la Petición de Legislativa Popular, la Acción legislativa Popular, la Iniciativa de Oposición popular, la armonización de los consejos asesores y de participación ciudadana, así como la implementación de herramientas para hacer efectiva la democracia digital, algo que se debe completar con la creación de un escaño ciudadano en las Cortes de Castilla-la Mancha y la puesta en marcha del Observatorio Ciudadano Regional.
Para este fin se contará con la acción de la Oficina Regional de Transparencia y Control Presupuestario, a través de la cual “aportaremos todos los elementos precisos para que la confianza de los ciudadanos y las instituciones en la gestión de los recursos públicos sea una realidad constatable”.
Comunicación y Promoción Institucional
Martínez Guijarro explicó que el Gobierno del presidente Emiliano García-Page ha querido diferenciar claramente las áreas de Comunicación y Promoción Institucional, al contrario que el anterior Ejecutivo regional. “Queremos profesionalizar la actuación de la Junta para aportar un modelo avanzado, transparente y equitativo en la gestión de la información institucional y de las acciones de promoción y publicidad”, ha dicho.
Así, se establecerán mecanismos de medición de valores como difusión, impacto y penetración de los diferentes soportes y medios de comunicación, estableciendo una lógica objetiva en el precio de la contratación de cada servicio.
RTVCM
En cuanto al ente público Radio Televisión Castilla-La Mancha, el vicepresidente abogó por una “clara vocación de servicio público” garantizando la objetividad, profesionalidad y viabilidad del mismo. Es más, el organigrama actual responde también a criterios de sostenibilidad, “adelgazando la primera línea directiva y adecuando sus retribuciones a una realidad presupuestaria derivada de los ajustes que todos estamos viviendo”.
Además, añadió que como ente público “debe evolucionar hacia un modelo más participativo y representativo del interés ciudadano”. Para ello, el Gobierno regional propondrá cambios que incluyan la elección del director general por mayoría cualificada de estas Cortes, adaptará a las nuevas demandas de la sociedad la composición del Consejo de Administración y buscará una mayor profesionalidad en todos los ámbitos, empezando por la gerencia del Consejo de Redacción.
