Ambas organizaciones han coincidido en que la crisis no puede suponer una renuncia a la lucha contra la pobreza de “aquí y de allí” ni a desarrollar políticas en consonancia con los derechos humanos: contratos con criterios sociales y medio ambientales, la adquisición de materiales con certificación basada en criterios éticos, la potenciación del Comercio Justo y la compra pública ética, las relaciones laborales que promuevan el trabajo decente, el fomento y promoción de la economía social y comunitaria, etc.
Según ha expuesto la Coordinadora, “el presupuesto de cooperación al desarrollo casi ha desaparecido en los últimos años. En 2015 la Junta de Comunidades destinó el 0,004%, de su presupuesto a Cooperación, mientras que en 2011 se había aprobado el 0,52%”. Por su parte, García Molina ha trasladado la posición de Podemos CLM de continuar trabajando para conseguir que el gobierno de la región destine el 0,2% para 2016 y aumentarlo progresivamente hasta alcanzar el deseado objetivo del 0,7%.
La Coordinadora se ha comprometido también a trabajar y hacer llegar a Podemos CLM un borrador de Ley de Cooperación al Desarrollo que pueda consolidar una política pública en esta materia, así como para que las partidas presupuestarias no estén supeditadas a los vaivenes políticos. Dicha ley debe contemplar también la participación de la sociedad civil, el protagonismo de las “contrapartes”, el control, seguimiento y evaluación de los proyectos y la planificación estratégica.