Luis Benítez de Lugo, arqueólogo, participó en 2006 en un procedimiento selectivo convocado por el ayuntamiento de Valdepeñas para cubrir una plaza de arqueólogo municipal. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, tras un proceso contencioso-administrativo que duró cuatro años y "con múltiples recursos del ayuntamiento de Valdepeñas, acabó por descubrir, según sentenció el alto tribunal, la manifiesta intención del Ayuntamiento de favorecer a un aspirante respecto a otro, que se ha visto obligado a litigar en dos ocasiones para defender su derecho a aspirar a un puesto público en condiciones de igualdad”, añade la nota, donde también se explica como "La misma sentencia reveló, también de forma inapelable, la intención que tuvo el ayuntamiento de Valdepeñas de intervenir en el irregular proceso de selección con la intención de favorecer a uno de los aspirantes: el que resultó finalmente aprobado”. Asimismo sentenció que el ayuntamiento de Valdepeñas había causado "daños morales", y "todo ello es ya cosa material juzgada, que no puede ser sometida a revisión".
Tras esta demanda, "dado que nada cambiaba en este ayuntamiento" según indica Benítez de Lugo, este arqueólogo interpuso una querella "para poder identificar a los responsables de los actos ilícitos que habían manipulado el acceso a esa plaza de empleo público".
Indicios de delito
Esa querella fue tramitada inicialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala Penal), debido "a la presencia de un aforado entre los denunciados", sigue explicando la nota, donde también se dice que "el alto tribunal apreció indicios de delito en los hechos. Por haber cometido un presunto delito de prevaricación se encuentran imputados los miembros del tribunal calificador de las pruebas selectivas, entre los que está la profesora titular de Prehistoria de la Universidad de Castilla-La Mancha, Rosario García Huerta. Por haber cometido un presunto delito de tráfico de influencias se hallan imputados el Jefe del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Valdepeñas, Javier Pérez, y el arqueólogo al que fue dada la plaza, Julián Vélez, aún hoy con contrato en el ayuntamiento de Valdepeñas. Anteriormente el Tribunal Supremo estimó que ni el senador y alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ni el Secretario Municipal, Manuel Villajos, habían participado en estos presuntos delitos".
Benitez de Lugo explica que "tanto la Fiscalía de Ciudad Real como la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Valdepeñas han intentado cerrar la causa para los demás imputados pidiendo su sobreseimiento, en coincidencia con los múltiples recursos de los denunciados". Sin embargo, por dos veces la Audiencia de Ciudad Real ha corregido sus resoluciones, dado que "los hechos inicialmente revisten caracteres de delito", según reafirma ahora nuevamente la Audiencia en su auto. El mismo auto indica que "la forma en que se llevó a cabo el proceso de selección no resulta el más acorde a la objetividad y criterios que deben garantizar la actuación de las autoridades administrativas o de sus funcionarios públicos, presidida por un sistema de valores proclamado por la Constitución; concretamente, una actuación dirigida a servir con objetividad a los intereses generales, con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho".
Por otro lado, la nota también señala que "aunque ni la Fiscalía de Ciudad Real ni la Juez de Instrucción nº 2 de Valdepeñas ven indicios de delito en la acción del ayuntamiento de Valdepeñas, la Audiencia corrige y aclara que debe ser objeto de enjuiciamiento el sistema por el que se eligieron determinadas láminas que debían ser objeto de comentarios", por ser "casualmente sobradamente conocidas por uno de los opositores, frente a los demás que sólo podían tener una vaga información de carácter general". "Es por ello que tales cuestiones entendemos que van más allá de una mera ilegalidad administrativa, y se trata de una de las modalidades de agresión más peligrosas, que suponen una transgresión o incumplimiento de la normativa administrativa por completo injustificada".
Una década de proceso judicial
Luis Benítez de Lugo lamenta que "la instrucción por la vía penal de este caso se prolongue desde 2010, cinco largos años, y que hasta el momento no haya sido posible dar solución al caso ni averiguar quiénes fueron los responsables de unas ilegalidades cometidas en 2006 en el ayuntamiento de Valdepeñas". El arqueólogo señala que "la transparencia en el acceso al empleo público, de forma que primen los criterios de igualdad, mérito y capacidad, debe ser una prioridad en las diferentes Administraciones. La victoria o la derrota en este largo, difícil y costoso proceso judicial no será exclusivamente mía; será la de todos aquellos que quieran acabar con esta forma de corrupción. Naturalmente, las presiones para perpetuar el viejo sistema son fuertes, con múltiples herramientas, y se encuentran en diferentes instancias. Confío en que la Justicia y la ciudadanía acabaremos por sobreponernos a las redes clientelares, la endogamia, las influencias y la corrupción", ha declarado Benítez de Lugo.
