Con fecha de 15 de abril de este año 2020 el Ministerio de Justicia ha hecho público el inicio de los trabajos para la redacción de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal destinada a reemplazar al texto vigente, cuya promulgación data de 1882.
Aprovechando la confusión creada por la crisis sanitaria que sufre nuestro país, el Ministro de Justicia ha anunciado el comienzo de los trabajos para la implantación de un modelo de investigación criminal que aproxima la instrucción penal a la política, con el consiguiente riesgo de favorecer la impunidad de los delitos de corrupción.
Ante dicho anuncio, la Plataforma quiere exponer las siguientes consideraciones: La crisis sanitaria que atravesamos hace especialmente inoportuna la puesta en marcha de una empresa de tanta envergadura como es la revisión de la norma que define el marco de los derechos y libertades de los ciudadanos en la lucha de los poderes públicos contra la delincuencia. El propósito de que la investigación criminal sea dirigida por la Fiscalía mueve a especial preocupación. Y es que, al margen de la concreta fórmula legal que se termine escogiendo, la figura propuesta implica mayor proximidad de la instrucción penal a la política, ya que el Ministerio Público, jerárquicamente estructurado, tiene en la cúpula una autoridad designada por el propio Ejecutivo. No olvidemos que actualmente ocupa el cargo de Fiscal General del Estado una exministra del mismo Gobierno.
Aun siendo prematura una evaluación definitiva de este proyecto, parte del Plan Justicia 2030, es necesario recordar los requisitos mínimos que debería reunir un nuevo sistema procesal para que no empeorara el vigente marco jurídico: La política no debe ejercer ninguna influencia, directa o indirecta, en la investigación criminal.
La investigación criminal, sea cual fuere la autoridad que la dirija, debe ser completamente imparcial, inamovible e independiente; y no meramente autónoma.
La Plataforma quiere poner en guardia a los ciudadanos, y a los juristas en particular, ante un movimiento de tan brusca sutileza como el que acomete el Ministro de Justicia. No deben aprovecharse las aguas revueltas de una crisis sanitaria de tanta magnitud y grave repercusión socioeconómica para introducir de puntillas un modelo procesal que propicie la impunidad de la corrupción en la que estén involucrados los partidos políticos, de uno y otro lado del espectro; las oligarquías económicas u otros poderes fácticos. Más aun, implantar un régimen ideologizado de investigación que, en vez de una búsqueda de la verdad material respetuosa de los derechos fundamentales, se oriente a vehiculizar la política criminal del Gobierno de turno.
La Plataforma ha elaborado varias propuestas doctrinales orientadas a promover un debate público, entre las que destacamos.
El capítulo VII del Libro Blanco para la despolitización de la Justicia, publicado por la editorial Dykinson, descargable gratuitamente en el siguiente enlace:
Un listado de cuestiones para propiciar un debate jurídico serio, alejado de las prisas y de agendas ocultas, igualmente de libre acceso en la Red:
https://investigacioncriminalblog.wordpress.com/2016/03/17/punto-de-partida/
