Según señalan, "el citado decreto formulado por la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía suponía un avance importante en la legislación sobre la propiedad inmobiliaria pues entre otras cosas establece la expropiación temporal de viviendas en procedimientos de desalojo instado por las entidades financieras lo que permitía evitar que decenas de familias sin recursos quedasen en la calle en una solución de total desamparo. Nos sorprende la rapidez de dicho órgano al ordenar la suspensión cautelar de dicho decreto, cuando el procedimiento normal es dejar que se aplique la norma hasta que el tribunal dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de esta".
Y continuan señalando que "es, como poco, paradigmático la decisión de dicho tribunal ante una ley que cuestiona los intereses del sistema bancario, mientras observábamos como el mismo Tribunal Constitucional calló y legitimó la reforma constitucional del 2011, acordada por los dos principales partidos en el Congreso sin llamar al referéndum correspondiente, que priorizaba el “objetivo de la reducción de déficit” frente a la financiación de los servicios públicos y sociales esenciales. Aunque no es de extrañar la postura de dicho Tribunal después de desvelarse que su Presidente, Francisco Pérez de los Cobos, fue militante del actual partido gobernante hasta 2011, siendo magistrado del citado órgano. Así se ve la “imparcialidad” e “independencia” que tienen los “garantes máximos de la Constitución”. No obstante instamos al Tribunal a que se desprenda de los prejuicios ideológicos que pueda tener, tome conciencia de la dramática situación social existente y dicte una sentencia resolutoria favorable a los intereses de las miles de familias afectadas por los desahucios y no a favor de los intereses de los banqueros".
