Los hechos se remontan al año 2001 cuando, gobernando el Partido Popular y siendo concejal de Hacienda Fernando Prieto, el Pleno aprobó la imposición de contribuciones especiales por las obras de urbanización de las calles Alegría, Conde y Acera del Cristo. Con ello, los vecinos tuvieron que pagar el 90% a través de contribuciones especiales, por lo que Martín ha aprovechado para recordar que cuando nosotros aprobamos contribuciones especiales del 20%, dice Fernando Prieto que no son justas, pero ellos no ponían el 20% sino el 90%".
Así las cosas, la empresa LITOVAL tenía que pagar en concepto de contribuciones especiales 97.853,74 euros. Fue entonces cuando la citada empresa solicitó el fraccionamiento del pago de la deuda señalando que el 10% se pagaría de forma inmediata, el 40% una vez que comenzaran las obras y el 50% al finalizar las mismas. El Ayuntamiento le concedió esas condiciones en 2002 pero LITOVAL sólo pagó el primer 10%, esto es, 9.785 euros, según ha explicado el primer edil.
En 2008 el Ayuntamiento agrupó la deuda y giró la misma a lo que se añadieron intereses de demora. Sin embargo, Litolda Ballesteros presentó un recurso alegando que la deuda estaba prescrita. "Me parece una tomadura de pelo que una representante de los ciudadanos burle la buena fe de la administración pidiendo un aplazamiento por cinco años y después de transcurrido ese tiempo diga que no lo paga porque la deuda ha prescrito", ha señalado el alcalde, quien ha añadido también que "todos pagamos IBI, multas, tasa de ocupación de vía pública y ella no lo cumple y encima nos acusa de gastar dinero en abogados; sí, los que tenemos que utilizar para que ella pague lo debe".
Así, según ha explicado Martín, hoy saldrá una nueva liquidación por la que se va a girar a Litolda Ballesteros 39.000 euros a lo que hay que sumar 21.000 euros más de intereses. "Quien está aquí diciendo que defiende los intereses de los ciudadanos se sirve de su cargo, de su poder adquisitivo y de sus abogados para no pagar", ha insistido el primer edil.
A esta sentencia hoy ganada por el ayuntamiento, el alcalde ha recordado que hay que sumar otro recurso que la misma concejala en su calidad de representante de la empresa LITOVAL, tiene interpuesto frente a la administración por deudas de IBI, tasas, ocupación de vía pública y plusvalías, por valor cercano a 100.000 euros desde 2007.
