Así, el alcalde de Torrenueva, León Fernández Martínez, y la alcaldesa de Torre de Juan Abab, María del Señor Fresneda Guerra, aseguran a través de una nota de prensa que “las actuaciones se encuentran en este momento en el trámite de consultas previas a la realización del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que se deberá tramitar en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.
Asimismo afirman que “como administraciones públicas, y en virtud de nuestra obligación de actuar siempre con responsabilidad y de acuerdo a la legalidad en este asunto, al igual que en todos los demás, actuaremos de forma escrupulosa en el cumplimiento de la normativa municipal y exigiremos el cumplimiento estricto de las normativas medioambientales o de otra índole que rigen este tipo de actividad, a las administraciones autonómicas y estatales. Normativas medioambientales que nadie ha cuestionado”.
Es por ello que a ambos primeros ediles “no nos cabe ninguna duda, y en ellas nos ampararemos, las garantías que concede la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en lo que se refiere a la elaboración de un estudio riguroso de impacto ambiental imprescindible que recoja y garantice aspectos como las necesidades de agua (ya denegado el permiso para sacarla del embalse de La Cabezuela, como todos saben, por la Confederación Hidrográfica del Guadiana); un plan de residuos y subproductos y su destino, tratamiento y composición e impacto; un plan de regeneración de los terrenos, etc”.
Ante la circulación de informaciones contradictorias, muchas de ellas sin fuente definida, según asegura, “queremos poner de manifiesto que los Ayuntamientos de Torrenueva y Torre de Juan Abad pondrán a disposición de sus vecinos la información que “realmente” obra en los mismos (documentación oficial, por registro, tanto administrativa como técnica) y no la basada en suposiciones, conjeturas, comentarios o cualquier otra interpretación personal y que muchas veces solo contribuyen a generar una mayor alarma social”, señalan.
Por último, instan al Gobierno de Castilla-La Mancha a que les facilite puntualmente la más amplia información en la materia conforme vaya surgiendo “a fin de que, a su vez, podamos trasladarla de manera fiable a los vecinos de nuestros municipios”.
