viernes. 29.03.2024

La Plataforma Sí a la Tierra Viva y el portavoz parlamentario de Podemos, David Llorente, han registrado esta mañana en las Cortes regionales, para su debate y votación en la actual legislatura, un texto legislativo en el que se establecen mayores garantías de solvencia para las empresas promotoras de proyectos mineros de tierras raras y pone las bases para la elaboración de un plan estratégico sectorial con medidas adicionales de protección de la salud pública y el medio ambiente, similar a la ley “antifracking” de Castilla-La Mancha

Tras los contactos mantenidos durante los últimos meses entre la Plataforma Sí a la Tierra Viva y los tres grupos con representación en las Cortes regionales (Psoe, PP y Podemos), en la mañana de hoy una delegación de la asociación, encabezada por su abogada Mª Carmen Morallón Hidalgo, junto con el portavoz de Podemos en la Cámara, David Llorente, han registrado en la sede de las Cortes el texto de la Proposición de Ley sobre minería de tierras raras, elaborada por el equipo jurídico de la Plataforma,  para su tramitación y votación antes de finalizar la presente legislatura.

Esta proposición de ley está en coherencia con la línea mantenida por las Cortes regionales, cuyo Pleno aprobó por mayoría  tres resoluciones en contra de esta minería además de instar al Ejecutivo castellano-manchego a iniciar los trámites para elaborar una ley específica sobre minería de tierras raras. Por su parte, la Plataforma Sí a la Tierra Viva, fue especialmente combativa durante todo el proceso de tramitación de los proyectos de tierras raras en la provincia de Ciudad Real, canalizando el rechazo a los citados proyectos de 140 entidades y presentando más de 25.000 alegaciones ciudadanas en las distintas fases de tramitación.

La legislación avanzada y pionera que requiere este nuevo tipo de minería

La exposición de motivos de la Proposición de Ley reconoce la minería de tierras raras  como una actividad necesaria ante la dependencia del ser humano de la tecnología, y, por otro lado, la necesidad de regulación mediante una estrategia de desarrollo sostenible ante el cambio de mentalidad y concienciación actual de la ciudadanía respecto al deterioro de los restantes recursos naturales, así como los graves efectos medioambientales y socioeconómicos, que ya fueron reconocidos por estas mismas Cortes regionales mediante resolución aprobaba en febrero del pasado año.

Objetivos sociales y ambientales de la Ley

La Proposición de Ley tiene por objeto el establecimiento de medidas complementarias en el régimen jurídico de la actividad minera aplicándola a las especificaciones de la minería de tierras raras.

Los principios inspiradores de esta norma es son la planificación de la actividad minera, incluidas las tareas de restauración, y posterior desmontaje en condiciones de sostenibilidad y seguridad, así como la protección de la salud, el medio ambiente y el paisaje, es decir, con respeto al principio de no afectación tanto a recursos como a otras actividades o sectores que, no olvidemos, apoyaron con firmeza el rechazo a los proyectos de explotación mineros que se pretendían iniciar en Castilla-La Mancha.

Incide en diseñar la actividad minera de tierras raras con mentalidad 3R (reducir, reciclar y reutilizar) lo cual contribuirá a menores costes, mayor eficiencia en el consumo de materiales y energía y menor generación de residuos.

Participación ciudadana a través de la elaboración del Plan Estratégico Sectorial

También se  asegura en dicha norma la participación activa  de colectivos interesados, así como la colaboración e implicación de otras Administraciones dada la corresponsabilidad legislativa y normativa en la materia, a través del plan estratégico sectorial previsto que deberá ser aprobado con posterioridad e  incluir una evaluación de riesgos de este tipo de minería en la salud humana, el medio ambiente, las necesidades de recursos hídricos, la gestión de los residuos generados, la gestión de todas las aguas de operación y los vertidos y las emisiones de contaminantes atmosféricos y un estudio de referencia que determine el estado medioambiental de los posibles emplazamientos. 

Se establecerán unas zonas con restricción total para la minería de tierras raras y otras con restricciones medioambientales compatibles con la actividad minera. Los proyectos extractivos únicamente serán tramitados para territorios o áreas aptas para la actividad minera. 

Mayores garantías respecto a la solvencia económica y técnica de las empresas mineras

Se establece como requisito que las empresas extractivas que pretendan ser promotoras de proyectos deberán acreditar, en adecuada forma e indubitada, solvencia económica financiera, técnica y científica, debiendo contar con suficientes recursos como para atender las eventualidades y daños que pudieran surgir, debiendo establecerse en un 65 % del presupuesto de actividad que pretenda acometer.

Asimismo, será preciso la elaboración de planes de gestión de riesgos sobre los recurso hídricos, emisiones radiactivas y atmosféricas y contaminación acústica y lumínica, la utilización de técnicas que reduzcan los residuos, aplicando el principio de prevención y cautela.

Comienza la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley que limitará la minería...