Todo esto si se lo exige el director gerente del SESCAM, Luis Carretero Alcántara, quien le ha comunicado por carta que mientras se decide el destino de las antiguas instalaciones sanitarias "su posesión y los derechos y obligaciones derivados de la misma continúan correspondiendo en exclusiva a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha".
Estima, por tanto, que “la anunciada toma de posesión realizada por la Diputación Provincial de Ciudad Real constituye una clara injerencia, totalmente ilegal, y perturba los derechos posesorios que la Junta ostenta sobre dicho bien”.
Así las cosas, De Lara, ha anunciado que comunicará a la alcaldesa, Rosa Romero, y al subdelegado del Gobierno, Fernando Rodrigo, el proceder de la Diputación ante el requerimiento del SESCAM, “por las circunstancias que pudieran sobrevenir”. Y ha añadido que no se hace responsable de lo que ocurra en el Hospital del Carmen y en estos términos se lo trasladará a la fiscalía. Además, de cara al futuro, se reserva “las actuaciones judiciales pertinentes en caso de que se produzca la reversión”, porque si se hace entrega de un edificio en ruinas, “la rehabilitación costaría un dineral e iría en perjuicio de los ayuntamientos y de los diferentes planes que ejecuta la Diputación en beneficio de los ayuntamientos y de sus ciudadanos”.
De Lara ha explicado que la Junta de Comunidades asumió las transferencias sanitarias en diciembre de 2001, permaneciendo vigente el convenio que firmó el INSALUD con la Diputación de Ciudad Real de cesión para su uso del Hospital del Carmen.
Ha añadido que han ido comprobando paulatinamente el cese de actividad en el Hospital del Carmen desde principios de este año y que el 25 de abril recibió un informe del jefe de sección de Patrimonio, con el conforme de la secretaría general, donde se decía que, ante el riesgo de deterioro, le corresponde a la Diputación la conservación y la tutela del edificio, supuesto es su propietaria porque, aunque esté cedido al SESCAM, ya no se utiliza.
Ha comentado, asimismo, que el pasado mes de mayo se detectaron actos vandálicos porque no había vigilancia, motivo por el que el 15 de mayo mandó un escrito al consejero de Sanidad notificando el abandono y desuso del hospital y le advierte del riesgo de deterioro.
El 25 de junio De Lara, según ha explicado, visitó el hospital y observó “algo dantesco”. Se ha referido a “destrozos generalizados, cables arrancados y robados, cristales rotos, extintores descargados, colchones donde dormían ladrones u okupas con restos de tabaco y bebidas, etc.”.
Tres días después, la Diputación concluyó el vallado del edificio y el 7 de julio el jefe de seguridad del Hospital General les entregó las llaves. Se contrató vigilancia privada, aunque sólo por la noche, ya que por el día ese trabajo lo lleva a cabo personal de la institución provincial. Ante esta situación, según De Lara, el 8 de julio se remitió un nuevo escrito comunicando el vallado perimetral y pidiendo la presencia de técnicos de ambas administraciones para examinar el inmueble y esclarecer su situación jurídica, “pero nadie contestó”.
Ayer se tuvieron noticias del SESCAM, pero no en los términos de colaboración entre instituciones que siempre deben presidir las relaciones de las administraciones, tal y como ha pretendido la Diputación desde que se envió la primera carta, “hace 71 días”.
De Lara estima que caben algunas reflexiones y acciones, según De Lara, porque “resulta insólito e inaudito que una administración abandone y desproteja un edificio sin comunicarlo a nadie y permita que vaya siendo destrozado literalmente y robados muchos de sus bienes”.
“Nos parece reprobable que dicha administración no vele por la garantía y conservación de los bienes públicos encomendados que han sido pagados por todos los contribuyentes”, ha dicho De Lara, a quien ha calificado de “increíble la falta de respeto y de colaboración interinstitucional respecto a la Diputación, que es la propietaria legítima del bien”.
Ha querido dejar claro De Lara que podían haber mirado para otro lado ante “la insultante gestión del hospital”. Ha recordado que sólo pretendía impedir que el edificio se deteriore más y que sólo han intervenido cuando han obtenido el aval de los técnicos. “Hemos invertido dinero y personal en hacer lo que otros no han hecho” y ahora se nos trata de manera infame, ha sentenciado el presidente de la Diputación.
