Además, según han asegurado, "hay que sumar el amplio rechazo social mostrado al proyecto por los municipios de Valdepeñas, Cózar, Castellar de Santiago, Almedina, Torre de Juan Abad y Torrenueva". Todos ellos afectados por las 27.300 hectáreas solicitadas en los permisos de investigación y explotación minera, han señalado a través de un comunicado.
Entre los principales valores ambientales amenazados por este proyecto, según Greenpeace, destacan "la presencia del águila imperial ibérica, que cuenta con planes de protección de la propia Junta, y el proyecto de reintroducción del lince Ibérico en el marco del LIFE IBERLINC. Además, de que este área es parte de un espacio protegido de la red Natura 2000" (ZEPA Áreas de esteparias del Campo de Montiel)".
Otros aspectos que Greenpeace considera "negativos" del proyecto minero, además de la extensión del terreno ocupado son el consumo de agua cuantificado en hasta 500.000 m3/año, "en una zona con escasez e incluso cortes de agua a las poblaciones cercanas", son "las emisiones a las atmósfera de partículas procedentes del movimiento de tierras, acarreo de material, transporte y tratamiento del mineral en una planta de tratamiento, a lo que habría que sumar el vertidos de aguas contaminadas tras lavar el material".
"La Junta de Castilla-La Mancha debe rechazar este proyecto minero debido a los gravísimos impactos tanto ambientales, sociales como culturales que conlleva", ha declarado Julio Barea responsable de campaña de Greenpeace, añadiendo además que "la Junta no puede poner en peligro el próspero desarrollo socio-económico del Campo de Montiel, conseguido con años de trabajo y conservación de su entorno y patrimonio cultural a causa de un proyecto minero privado".
