El Grupo Popular ha denunciado que en la Diputación Provincial de Ciudad Real “no sobran bomberos, sobran asesores”.
En rueda de prensa, el viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial, Miguel Ángel Rodríguez, se ha referido al reportaje que hoy emite una televisión nacional y del que ya se ha emitido un adelanto con el titular ‘Asesores: Cobran sin trabajar’ en relación a los asesores socialistas de la Institución Provincial.
El viceportavoz popular ha recordado que este escándalo, que sitúa a la Diputación Provincial de Ciudad Real como ejemplo de agencia de colocación de socialistas, surge a raíz de un revés judicial, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ordenó el cese de todos los asesores del PSOE, un total de 14, ya que, o bien no iban a trabajar, o realizaban el trabajo de funcionarios de carrera.
Según se recoge en el citado reportaje, aparecen categorías para estos asesores como open goverment, con un sueldo de 34.000 euros al año; o la categoría de asesor encargado de asesorar al presidente sobre ciberdemocracia y e-goverment, que tiene un sueldo de 40.000 euros al año. Hay que destacar los propios periodistas reconocen que, tras un mes de investigación, no han descubierto en qué consiste lo de open goverment.
A Rodríguez le ha parecido “de chiste” que los periodistas hayan preguntado a Nemesio de Lara sobre este escándalo y que haya dicho que se enteró a través de la sentencia de qué funciones habían desarrollado sus propios asesores. Está convencido Rodríguez de que, a pesar del escándalo, Emiliano García-Page no va a cesar a Nemesio de Lara como senador por designación autonómica “porque es cómplice y practica las mismas políticas de enchufismo”. Así, ha recordado que Page tiene más asesores que el presidente del Gobierno y que, solo los asesores de sus socios de Podemos, nos cuestan a todos los castellano-manchegos más de 400.000 euros.
“Parece una broma pesada que Julián Nieva, que fue colocado como asesor de forma indebida por el PSOE cuando perdió las elecciones, sea el mismo que ahora va a echar a la calle a 37 bomberos del SCIS que llevan años velando por la seguridad de los vecinos de Ciudad Real”, ha concluido.
Despido de 37 bomberos
Al hilo de esta cuestión, el diputado provincial Carlos Martín de la Leona se ha referido al inminente despido de 37 bomberos de la plantilla del SCIS y ha asegurado que “es un atropello social y laboral sin precedentes en la provincia de Ciudad Real y una puñalada al corazón ideológico del Partido Socialista”.
Según ha explicado, el presidente del Consorcio de Bomberos, Julián Nieva, basa sus decisiones en el requerimiento judicial de ejecución de sentencia de junio de 2016, que no quiso recurrir, y que entonces era de imposible cumplimiento, ya que, entre otras cosas, no existía comisión paritaria. Además, no es acorde al Convenio Colectivo acordado incluso por CCOO pues dicho Convenio Colectivo obliga a la Institución a consolidar a todos los trabajadores indefinidos y, según ha subrayado, la totalidad de los trabajadores de la plantilla del SCIS son indefinidos, pues así está recogido en un certificado del secretario-interventor del Consorcio del año 2009 y en dos sentencias judiciales. “Estamos, por lo tanto, ante una agresión psicológica a estos trabajadores que llevan, tanto ellos como sus familias, soportando más de dos años este suplicio”, ha indicado.
Martín de la Leona ha denunciado, también, que Nieva, sindicalista en otro tiempo, ha sido condenado por vulnerar el derecho a la libertad sindical en este proceso, ya que no se ha permitido a algunos sindicatos el acceso a información y expedientes y ha tenido que ser la Justicia la que, mediante sentencia, ha tenido que tutelar los derechos fundamentales de las organizaciones sindicales obligando al Consorcio a poner a su disposición esa información. Según ha afirmado, la ausencia de transparencia y obstáculos a la información es una constante y ha recordado que no se puede tratar a todos los ayuntamientos como a una fuerza política.
El Grupo Popular exige al Consorcio y al propio presidente de la Diputación Provincial la inmediata paralización del proceso selectivo que está desarrollando el consorcio SCIS para la cobertura de 37 plazas de bomberos ya que el Juzgado de lo contencioso nº 1 de Ciudad Real ha acordado la suspensión del proceso para determinar la idoneidad de parte de los miembros del tribunal de la oposición de bomberos. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha debe decidir aún sobre la legalidad de la composición de la plantilla del consorcio, planteada por diversos Ayuntamientos consorciados a través de la impugnación del Presupuesto del SCIS del año 2017.
Considera Martín de la Leona que estos aspectos de la plantilla pueden ser decisivos sobre el asunto ya que, continuar con el proceso, puede tener gravísimas consecuencias económicas que tendrán que pagar todos los ayuntamientos.
Por todo ello, ha pedido que, una vez finalicen los procesos judiciales que penden sobre la Oferta Pública de Empleo de 2015 y el proceso selectivo para seleccionar 37 plazas de bomberos, si estos fuesen declarados ajustados a derecho, se realice la incorporación de los aspirantes que hayan superado el mismo asignándoles las plazas vacantes de la plantilla del consorcio que no están ocupadas, o bien, las ocupadas por trabajadores que no ostenten la condición de laborales indefinidos. Según ha señalado, en 2016, se abonaron un total de 31.000 horas extraordinarias a los bomberos y, hasta agosto de 2017, se pagaron 22.000, por lo que entiende que estos bomberos que quieren despedir son necesarios.
