PROVINCIA

Los alcaldes lanzan un S.O.S. al Gobierno de Cospedal ante la situación límite e insostenible de las residencias de mayores

Los ocho alcaldes y alcaldesas socialistas de los municipios de Ciudad Real con convenios de residencias de mayores con el Gobierno de Castilla-La Mancha han lanzado una llamada de socorro ante la situación límite en la que se encuentran como consecuencia de los 3,3 millones de euros que le adeuda la administración regional en este capítulo.

Un problema que arranca prácticamente desde el mismo momento en el que el PP y Dolores de Cospedal asumieron la gestión de la Junta de Comunidades y que se ha agudizado hasta el punto de estar de que el escenario se antoja insostenible por más tiempo ante el agotamiento de los recursos económicos que hasta ahora han ido adelantando los propios ayuntamientos pese a que la obligación es del Gobierno castellano-manchego.

Es tal el panorama, que la alcaldesa de Torralba de Calatrava, Teresa González, que ha ejercicio como portavoz del resto de alcaldes, ha denunciado que los 164 trabajadores y trabajadoras de las residencias de mayores de los ocho municipios afectados –Abenójar, Chillón, Cózar, Puebla de Don Rodrigo, San Carlos del Valle, Torralba de Calatrava, Villahermosa y Villanueva de la Fuente- acumulan ya una media de cuatro meses sin cobrar sus nóminas.

En este sentido, González ha apelado a la sensibilidad de Cospedal y su gobierno, al desvelar que la problemática de esos trabajadores y trabajadoras es muy grave, hasta el punto de tener constancia de que en algunos casos se les ha cortado la luz por falta de pago, han recibido ayuda de Cáritas o de la propia solidaridad de los vecinos para poder seguir manteniendo sus casas o incluso han recurrido a la caridad.

Ante estos hechos catalogados de “insensibilidad” e “irresponsabilidad”, Teresa González ha querido romper una lanza en favor de las trabajadoras de las residencias de mayores, de las empresas que las gestionan y de los pequeños proveedores de las mismas, porque “a pesar de su situación extrema que sufren continúan dando el servicio con gran profesionalidad”, y, cuanto menos, “se merecen nuestro agradecimiento y que hagamos una llamada a la solidaridad con todos ellos”.

Los alcaldes socialistas que hoy han comparecido han coincidido en afirmar que “hay un objetivo claro por parte de Cospedal, que es cerrar nuestras residencias” pese a que en este caso concreto engloban a ocho municipios con cerca de 14.000 habitantes a los que les ha costado mucho esfuerzo fijar población, consolidar los servicios sociales básicos o crear empleo, la mejor demostración para demostrar que el sistema es “perfectamente sostenible, lo único que tienen que hacer es pagarnos porque la señora Cospedal nos ha abocado a que ya no tengamos ni para pagar la luz”. 

Con la misma rotundidad, los alcaldes y alcaldesas socialistas afectados por los impagos en sus residencias de mayores, a los que, por cierto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha les adeuda en total más de 9 millones de euros, han manifestado que “están hundiendo a los trabajadores, a las pequeñas empresas y a nuestros pueblos” por mucha Ley de Emprendedores que pretenda vender el Ejecutivo regional.

¿Cuál es el objetivo de este desmantelamiento de las residencias públicas que afecta prácticamente por igual a todas las existentes en la región? La alcaldesa de Torralba de Calatrava tampoco ha titubeado al exponer su razonamiento. “Conseguir que cierren las pequeñas empresas que mantienen las residencias para que nuestros mayores se vayan de los pueblos a llenar las grandes residencias que están construyendo para mantener a los grandes empresarios que cada uno puede pensar lo que quiera, pero a lo mejor alguno es el marido de tal o de cual”.

Ninguno de los alcaldes se quiere imaginar que llegue el momento de cerrar ninguna residencia, puesto que “sería muy triste” tener que dar este final a los mayores de los pueblos afectados.

Por último, los alcaldes han lamentado que esta situación que se lleva agudizando desde hace casi dos años lo único que está haciendo es repercutir negativamente en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de los municipios, es decir, todo lo contrario a lo que debería ser la obligación y la prioridad absoluta de un gobierno responsable.