Esa escuela rural fue una de las 68 que Cospedal ha cerrado a lo largo de la legislatura “en contra del criterio de la comunidad educativa, de los padres y madres y de los propios consistorios”, ha recordado Fernández, quien ha equiparado esta maniobra con la que en si día intentó también llevar a cabo el gobierno regional del Partido Popular con el cierre de las urgencias nocturnas, aunque en este caso siguen abiertas por decisión de los tribunales a instancias de los alcaldes socialistas y el apoyo de sus vecinos.
En el caso de esta sentencia se da la paradoja de que Cospedal ordenó el cierre de la escuela rural de Puente de Vadillos pese a contar con 12 alumnos mientras dejó abiertas otras con la mitad de escolares, una decisión improcedente en la que, además, Blanca Fernández denuncia “un claro sectarismo político”, al explicar que la diferencia a la hora de decidir la clausura o no de determinadas escuelas rurales se tomó en base a si en el municipio gobernaba el Partido Popular o el PSOE.
Por lo tanto, la sentencia del TSJCM evidencia que la decisión del Gobierno de Cospedal de cerrar las escuelas rurales no se hizo de acuerdo a criterios educativos, sino partidistas.
En su día el Partido Socialista denunció y se opuso al cierre de esas 68 escuelas rurales, con independencia de quién gobernara en cada municipio, y ahora, tras el varapalo judicial a Cospedal, Fernández entiende que habrá que determinar qué daños y perjuicios ha ocasionado esa decisión para reclamar lo que proceda.
Nueva cacicada con los interinos
La diputada regional del PSOE también ha advertido sobre otra “cacicada” que está preparando Cospedal a raíz de las informaciones que manejan los sindicatos, como es el intento de buscar la fórmula para “trampear” la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal y nulo el despido de casi 500 interinos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Hay que recordar que esos despidos ilegales han costado a las arcas públicas 30 millones de euros en indemnizaciones a estos empleados que en algún caso han visto cómo han perdido su vivienda por impago, tal y como relata Fernández.
El caso es que, ahora, la consejería de Sanidad y Asuntos Sociales pretende eliminar de un plumazo 184 plazas de empleados de servicios sociales, 86 de ellas correspondientes precisamente a los interinos que la Justicia obligó a readmitir.
A juicio de Fernández, “lo más sangrante es que estos despidos corresponden a trabajadores de los servicios sociales encargados de temas sensibles y tan importantes como la tutela de menores” que en el caso de la provincia de Ciudad Real afectará a municipios como Almadén, Almagro, Puertollano, La Solana.
La responsable socialista ha defendido el papel esencial de los servicios sociales, algo que contrasta con el hecho de que Castilla-La Mancha haya sido la región que más ha recortado en esta materia, pese a que con ello “se ha deja en la cuneta a la parte más vulnerable de la sociedad y ha hecho que 1 de cada 3 castellano-manchegos sea considerados pobres, y esto solo lo puede llegar a cabo un gobierno sin alma como el que representa a todas luces el de Cospedal”.
Por último, Fernández ha manifestado que el mensaje de la recuperación y del fin de los recortes que esgrime el Partido Popular “es solo propaganda electoral barata que no se corresponde con la realidad”, algo en lo que no duda que abundará los ‘populares’ por la cercanía del periodo electoral.
