Los representantes de la Plataforma ‘Prisiones en Huelga’ compuesta por los sindicatos CC.OO, ACAIP, CSIF y UGT han valorado muy positivamente la primera jornada de huelga en los Centros Penitenciarios de la provincia, Herrera de la Mancha y Alcázar de San Juan, y han insistido en la necesidad de que el Ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, desbloqueé el conflicto laboral que tiene en pie de guerra a los trabajadores penitenciarios desde hace más de un año. El seguimiento en la prisión de Alcázar de San Juan ha sido del 100 por cien y en Herrera de la Mancha superior al 90 por ciento.
Cifran en un 100 por cien el seguimiento en el Centro Penitenciario de Alcázar y en más de un 90 por ciento en Herrera de la Mancha
Por parte de los sindicatos se ha denunciado la necesidad de retomar las negociaciones, rotas después de que la Administración retirara una propuesta que suponía un incremento retributivo de 375 euros brutos a lo largo del periodo 2019-2020 y 2021, y que traía consigo la necesaria reclasificación de centros penitenciarios. La actual clasificación de Centros Penitenciarios es de 1989 lo que provoca que no ajuste a la situación actual, creando una brecha salarial de hasta 700 euros entre un trabajador de las prisiones de la provincia de Ciudad Real con respecto a un trabajador de las prisiones del norte.
Por este motivo los empleados y empleadas de prisiones se han mostrado indignados porque, según han dicho, “se nos ha faltado al respeto no dejándonos otra alternativa que la de convocar una huelga general”. Las jornadas de huelga serán el próximo 24 de octubre y los días 6,8,13 y 15 de noviembre.
Asimismo han reclamado ofertas de empleo público suficientes que solucionen un problema estructural y endémico en las plantillas, en el caso de la provincia de Ciudad Real más del 20 por ciento de las RPTs (Relación de Puestos de Trabajo) están sin cubrir además de ser obsoletas. También se ha destacado la alta edad media de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Ciudad Real, en torno a los 55 años, lo que sumado a una carga de trabajo inasumible provoca que no se pueda garantizar la seguridad en los Centros Penitenciarios “produciéndose una media de una agresión al día”.
Como incidente los organizadores han destacado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hayan obligado a identificarse no sólo a los organizadores sino también a todos los empleados que iban a ejercer su derecho a la huelga. Una huelga que se ha desarrollado dentro de los límites de la legalidad, han dicho los representantes sindicales, y por ello han criticado que quienes criticaron la ley mordaza hoy hayan hecho uso de ella con el único objetivo de intimidar a quienes ejercían un derecho fundamental”.
También se ha denunciado que se hayan fijado unos servicios mínimos superiores a los de un día normal, lo que han dicho ha sido denunciado por los sindicatos.
