En nota de prensa señalan que "la información anunciada por la minera, en cualquier caso, no resulta verosímil, sobre todo en lo que a la utilización de recursos hídricos se refiere, más teniendo en cuenta la tajante negativa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) al respecto. Tan sólo hace unas semanas, Quantum hizo público que el consumo de agua sería de 100.000 metros cúbicos/año frente a los 88.000 de ahora, y en proyecto se habló primero de 500.000 y luego de 300.000. Este baile de cifras, que refleja el planteamiento errático de la minera, en absoluto es creíble, dado que el agua es el recurso clave en un proyecto extractivo de estas características".
Añaden desde la Plataforma que "es además la propia empresa la que ha reconocido que no llega a alcanzar los requisitos solicitados por la Administración, dado que para la mercantil "la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo", un planteamiento del todo inadmisible en aras de superar un hipotético procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental reglado por unas normas y unos condicionantes imposibles de soslayar pues son de obligado cumplimiento".
Por otra parte, en cuanto al impacto radiológico y el proyecto encargado a la consultora Geomnia "se concluye que la evaluación del impacto radioactivo de la planta de proceso definitiva queda fuera del ámbito del estudio. Otra cuestión no tratada y fundamental desde el punto de vista de protección de la salud pública, es la del potencial impacto acumulativo".
Consideran necesario recordar que "el ámbito médico concluye que los efectos de la monacita en el organismo humano se deben, al menos en parte, a la presencia en su composición no sólo de elementos de tierras raras sino de radiosótopos naturales de las familias del torio y el uranio, que pueden afectar sobre todo a los órganos internos y que se conocen efectos adversos sobre los procesos metabólicos dado que los óxidos solubles y los fosfatos presentes en el mineral tienen la capacidad de generar neumoconiosis, una grave enfermedad producida por la infiltración en el aparato respiratorio del polvo de determinadas sustancias naturales, causando además toxicidad sistémica y efectos irritantes".
De otro lado, la Resolución aprobada por la mayoría absoluta de las Cortes Regionales el pasado 2 de febrero (Expediente 09/DG-00108) sobre esta actividad, confirma "la evidencia científica expuesta en múltiples estudios internacionales sobre los graves efectos negativos de la minería de tierras raras en la salud pública y el medio ambiente" instando a la elaboración de una norma legislativa que impida esta actividad en Castilla-La Mancha.
"Si algo llama la atención, sin embargo, es que Quantum Minería haya recurrido para elaborar su estudio de impacto socioeconómico al Área de Prospección e Investigación Minera del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de la Universidad de Castilla-La Mancha y no a un equipo especializado como sería lógico y previsible, una nueva muestra que evidencia que el objetivo de la empresa es únicamente intentar cumplir a cualquier precio con los requisitos exigidos por la Administración", y añaden que "la mercantil parece obviar el masivo rechazo social que ha desatado su plan minero en las comarcas afectadas, y que en este caso el proyecto resta más que suma debido al corto horizonte temporal del mismo, y a los impactos negativos declarados sobre la salud, el medio ambiente y la biodiversidad, como ya alertaron en su momento durante la fase de consultas previas tanto el MAGRAMA como otros organismos de relevancia".
Desde esta perspectiva, además, Quantum Minería intenta vender las bondades de un proyecto "en el que nadie cree haciendo referencia a la presunta generación de puestos de trabajo sin considerar cuanto empleo destruye en otros sectores productivos como el agroalimentario, del que dependen miles de familias en la provincia de Ciudad Real, y que son el verdadero sostén económico de las comarcas afectadas".
Finalmente, la Plataforma reafirma su postura en cuanto a la entrega de documentación por parte de la mercantil, que interpreta la legislación de manera "torticera y en función de sus intereses, olvidando que la normativa legal en cuestión está amparada por diversas sentencias judiciales en cuanto a los denominados plazos por meses".
Sí a la Tierra Viva estará pendiente tanto de la decisión del Gobierno autonómico como de la valoración que en su momento emita la Oficina del Defensor del Pueblo al respecto antes de tomar, según corresponda, los siguientes pasos por la vía legal o administrativa en aras del respeto a la legalidad vigente.
