Así ha informado la agrupación política mediante nota de prensa: el mecanismo planteado por el Portavoz del Grupo Municipal de UPYD es proceder a una modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Según indican en el comunicado, en sentencia del TC, del 16 de febrero de 2017, resolviendo cuestión de constitucionalidad nº 1012 – 2015 promovida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Donostia, se determina que en los supuestos en los que el valor del terreno se ha minorado desde la última transmisión, estaríamos ante un supuesto de no sujeción que impediría el nacimiento de la obligación tributaria, al no haberse realizado el hecho imponible del tributo. Considera el órgano judicial que al imputar a quienes transmiten un terreno de naturaleza urbana por un importe inferior al de su adquisición, mediante una ficción legal, una renta no real, sin posibilidad de articular una prueba en contrario, no sólo conduce al gravamen de una inexistente capacidad económica, sino que puede llegar incluso, en el caso concreto, a ser confiscatorio, en contra del art. 31.1 de la Constitución Española, que expresamente, señalan en su comunicado de prensa, dice “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”
Con la moción del Grupo Municipal de UPYD su Portavoz, Jerónimo Romero-Nieva, pretende que los ciudadanos dejen de ser esquilmados por impuestos que se determinan ilegales e injustos y que se prevengan futuras reclamaciones incluso con intereses lesivos para la Corporación Municipal, añaden.
Para finalizar, indican que los ingresos municipales por aplicación de la STC se verán minorados en cantidades que será el Equipo de Gobierno Municipal quien podrá determinar su cuantía estimada. Según UPYD, el propio Equipo de Gobierno dispone de la información suficiente derivada del cobro del impuesto sobre plusvalías, de años anteriores, para determinar en qué porcentaje esos ingresos procedieron del cobro de impuestos improcedentes al haberse cobrado a vecinos que declararon transmisiones en pérdidas, y piden, en consecuencia las previsiones de ingresos municipales en el presupuesto municipal de 2017 deben ser revisadas, aplicando la correspondiente modificación de crédito, para ajustar a la baja las previsiones estimadas en 400.000 euros.
De salir adelante la propuesta de UPYD, el partido cree que se convertiría a Manzanares en uno de los primeros municipios de España en trasladar los efectos de esta sentencia en beneficio de los vecinos.
