En el escrito, Martín subraya que “si usted se encuentra empadronado en Valdepeñas y la vivienda gravada con el préstamo hipotecario en cuestión constituye su domicilio habitual en el localidad, puede hacer uso de los servicios jurídicos que pone a disposición la administración local”. El regidor municipal añade en el envío dirigido a todos los ciudadanos que para poder ayudar a los vecinos a defender “sus derechos ante la injustas imposiciones de las entidades bancarias”, el Ayuntamiento ha establecido un servicio administrativo previo para la recogida de datos y coordinación en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), entre los días hábiles desde el 9 de diciembre y hasta el 15 de enero, de 9,00 horas a 14,00 horas. Será imprescindible que los ciudadanos interesados aporten el último recibo pagado de la hipoteca de su vivienda y una copia de la escritura del préstamo.
Esta iniciativa, de la que ya se han interesado otras ciudades del país, es una acción sin precedentes con la que el Consistorio pone a disposición de todos sus ciudadanos un gabinete jurídico que estudiará de forma independiente cada caso para que sea la administración local la que represente a los vecinos afectados que lo deseen, evitando que éstos tengan que costear individualmente un abogado y un procurador para ir al litigio o alcanzar una conciliación, gastos que suplirá el Ayuntamiento, excepto las tasas judiciales que impuso el Gobierno de España recientemente.
La medida viene precedida de una sentencia firme del Tribunal Supremo con fecha del 3 de junio del presente año en la que declaraba la nulidad de las conocidas “cláusulas suelo”, asunto que fue llevado por el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, al Senado, en su condición de senador, solicitando al Gobierno de España un decreto ley que declarase nulas este tipo de cláusulas abusivas. Ante la negativa, se impulsa esta iniciativa que defiende un derecho Constitucional como es la vivienda y exige el cumplimiento de la propia sentencia del Tribunal Supremo, algo que ya ha hecho la Defensora del Pueblo pidiendo al Banco de España que actuase en defensa de los consumidores para que se cumplieran los efectos jurídico-contractuales originados por la doctrina jurisprudencial contenida en la citada sentencia.
Paraliza plusvalías
Por otro lado, el Ayuntamiento de Valdepeñas también ha decidido no liquidar en un periodo de tres años las plusvalías a las personas que hayan perdido su casa, a la espera de que el Gobierno de España cambie la legislación en la que se obliga al desahuciado a pagar las plusvalías que gira, tras el desahucio, la administración local. Hay que señalar que existen leyes que protegen al desahuciado, pero con unas casuísticas sobre su situación familiar y económica del que sólo se pueden beneficiar el 1% de los casos.
