Desde la Junta de Personal de la Administración de Justicia en Ciudad Real y, ante las “preocupantes” declaraciones del recién nombrado ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, queremos manifestar nuestro profundo malestar por la imagen que desde la Política se quiere dar a nuestro colectivo.
En una comparecencia del ministro ante la Comisión de Justicia pidió “altura de miras” para lograr un gran acuerdo para convertir la Justicia en un “verdadero servicio público”. Su Plan de Justicia 2030 prevé una hoja de ruta que pretende llevar al Consejo de Ministros en el “plazo máximo de 3 meses” y con un horizonte temporal de 10 años. Para ello no dudó en afirmar que existe “un claro problema de ineficiencia” en cuanto al funcionamiento de la Justicia y llamó a “desterrar la lógica del incrementalismo” como único eje de las políticas de Justicia. Y citó para refutar sus palabras el último informe de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, que cada año realiza una serie de análisis comparativos entre los Estados miembros.
Sin embargo, las cifras que arroja este estudio distan mucho de estas afirmaciones. Como indicadores de un sistema judicial eficaz se miden tres factores: la eficiencia (duración de los procesos, tasa de resolución y número de asuntos pendientes), la calidad (accesibilidad a la justicia de los ciudadanos y las empresas, los recursos materiales y humanos o la formación) y la independencia (percepción de la independencia judicial sobre las garantías relativas a los jueces y las relativas al funcionamiento de las fiscalías nacionales). Y España vuelve a suspender.
Basta echar un vistazo a la gráfica de jueces por cada 100.000 habitantes para ver que España tiene la mitad de jueces y fiscales y el doble de abogados que la media europea o que la tasa de litigiosidad sigue incrementándose lo que se traduce directamente en una mayor carga de trabajo para los funcionarios de la Administración. No obstante, lo peor no son estos datos, sino que según una encuesta del Eurobarómetro, más del cincuenta por ciento de los españoles tachan de mala o muy mala la independencia de tribunales y jueces y que apenas un treinta por ciento creen que esta independencia existe en la práctica. Desde luego, la propuesta de Pedro Sánchez de nombrar a la anterior ministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado no ayuda a disipar las sospechas sobre la independencia judicial.
Desde la Junta de Personal de la Administración de Justicia de Ciudad Real rechazamos estas desafortunadas declaraciones del ministro y exigimos que se aborde una reforma global de la Justicia cuyos ejes de actuación se centren, necesariamente, en la creación de más órganos judiciales para aliviar la carga de trabajo, en la creación de juzgados específicos de Violencia sobre la Mujer que no compartan sus funciones con otros ámbitos jurisdiccionales, en la modernización de los medios tecnológicos y una mayor dotación de medios personales y materiales y en un mayor incremento de autonomía del Ministerio Fiscal y del sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces y magistrados. “Este es el debate que debe generarse de cara al futuro de la Justicia como servicio de calidad a los ciudadanos y no otros asuntos que no tienen interés y que lo único que pretenden es desviar la atención del verdadero problema que existe”, añade Ricardo Rosales, presidente de la Junta de Personal.
