SOCIEDAD

Según el sindicato Justicia y Progreso 'el fracaso del expediente judicial electrónico impide el teletrabajo en Justicia'

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Los juzgados y tribunales de todo el país no están preparados para el trabajo a distancia, así lo demuestra la parálisis a la que se ha visto abocada la Administración de Justicia, a raíz de la declaración del Estado de Alarma por la crisis del coronavirus. A pesar de haberse iniciado hace años un proceso de actualización del sistema judicial que culmina con la puesta en marcha del expediente digital, la realidad ha resultado ser otra.

Justicia y Progreso denuncia que el proceso de modernización del sistema judicial con la implantación de las nuevas tecnologías, el papel cero y la agilización de los procedimientos, ha resultado ser una gran mentira

Esa modernización no ha llegado a los funcionarios de Justicia que, día a día, se enfrentan a los problemas que surgen con todos los programas de gestión procesal que deben manejar y de los que venimos poniendo de manifiesto su falta de operatividad desde hace años. De modo que, “lo que no han podido conseguir los distintos Ministros de Justicia en diecisiete años, el COVID-19 y las presiones de los distintos agentes que intervienen con esta Administración lo pretenden conseguir en un tiempo récord”, sostiene Ricardo Rosales, Secretario de Administración del Sindicato Justicia y Progreso.

La instauración de un sistema eficaz de teletrabajo no puede dejarse en manos de la improvisación y de la urgencia que provoca el Covid 19. La posibilidad de desempeñar la actividad profesional sin la presencia física del trabajador en los centros de trabajo implica que deban reforzar la seguridad de la información, garantizar el acceso remoto a las aplicaciones y facilitar la comunicación permanente entre los intervinientes en el expediente judicial. “Entendemos, por tanto, que esto no se puede realizar a la ligera y que esta Administración debe priorizar que estas interrelaciones se produzcan sin merma de garantías procesales”, continúa Rosales.

Sin embargo, Justicia y Progreso denuncia que, desde el pasado lunes, a través de grupos de WhatsApp, se está ofreciendo la posibilidad a los funcionarios de realizar el trabajo a distancia de forma voluntaria y mediante el cumplimiento de una serie de requisitos. “Esto supone que el funcionario de Justicia tiene que poner a disposición del Ministerio de Justicia las siguientes herramientas de nuestro propio bolsillo: el teléfono móvil, conexión a internet de, al menos 10 Mbps, ordenador personal o portátil con unas características mínimas de Windows 10 o superior, antivirus actualizado, google Chrome 50 / Internet Explorer 11 o superior al menos 4 GB de memoria RAM y 600 MB de espacio libre en el disco duro. “Los que menos ganamos tenemos que poner nuestros medios”. “Dicho lo anterior, habría que recordar al Sr. Ministro Campo que, el antecesor ministro, Rafael Catalá, tuvo que comparecer ante el Congreso de los Diputados a dar explicaciones en abril de 2018 por el grave fallo de seguridad informática que dejo al descubierto más de 10.000 documentos judiciales, donde se difundieron datos personales. De modo que, con estas premisas, ¿piensan que podremos tramitar expedientes judiciales desde casa, con nuestros ordenadores, nuestros programas antivirus e intercambiando información por whatssap? Puede parecer una broma, pero esto es real, este es el plan de justicia 2030 que nos proponen”.

Los funcionarios de la Administración de Justicia no están en contra de la implantación del teletrabajo, pero la obligación del Ministerio es diseñar un proceso de implantación serio, meditado, negociado y con las consiguientes dotaciones de material que se necesitan para los trabajadores y no ceder improvisadamente a introducir nuevas formas de trabajo que no están contrastadas y que pueden poner en peligro todo el sistema judicial.

Desde esta formación sindical apelamos al sentido común, PEDIMOS SE TOMEN EN CONSIDERACIÓN LAS MEDIDAS QUE HEMOS TRASLADADO DESDE LAS DISTINTA JUNTAS DE PERSONAL PARA EL REGRESO PAULATINO Y ORDENADO DE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES.