“Yo, Litolda Ballesteros, ciudadana empadronada en este Ayuntamiento, aseguro que no debo ni un duro a este ayuntamiento y que una sociedad de la que soy partícipe en un 25% tiene un contencioso con el Ayuntamiento que está sub júdice por pasarle un 90% de contribuciones especiales. Está a falta de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por lo que mientras un juez no lo diga, yo y mi sociedad no debemos nada a este Ayuntamiento. ¿O es que el alcalde es prevaricador antes de que lo diga el juez?”.
Con estas palabras Litolda Ballesteros, concejal de PLJ, ha querido defenderse de las acusaciones que el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha realizado contra ella en las que éste asegura que la edil del grupo liberal “debe 88.000 euros a la hacienda pública, entre IBI’s, multas, cortes de calle y demás tributos”.
Así, Ballesteros asegura que no debe nada al Ayuntamiento hasta que no lo diga un juez y ha lamentado que el alcalde “tome ciertos asuntos de sociedades particulares como caballo de batalla de la política municipal habiendo cosas más importantes que tratar”. Además, ha añadido que el primer edil “tampoco creo que deba erigirse en juez y parte porque los principios democráticos son la separación de poderes”.
Igualmente, la concejal de PLJ ha asegurado que lo que Martín quiere es amedrentarla. “Creo que quiere amedrentarme para que no hable en el Pleno sacando asuntos personales o quizás es que le dan ataques de misoginia”. Así, ha indicado que “no me voy a callar”.
Ballesteros también ha añadido que, como ciudadana, está en su derecho de defenderse “de los abusos de cualquier entidad con la que no esté de acuerdo y, como concejal, tengo la legitimidad de las personas que me han votado para defender sus intereses”.
En cuanto a la propiedad de la calle Cristo de la que Martín señaló que salió a subasta en 2012, Ballesteros ha indicado que se trata de una propiedad de la sociedad de la que ella es partícipe en un 25% pero que el embargo “ha sido suspendido al poner un aval la sociedad comprometiéndose a pagar en caso de que lo ordene un juez”.
