Una comisión en la que se informe detallada y verazmente sobre el gasto telefónico de todos los ediles que poseen asignación de teléfono móvil, así como del contrato que lo sustenta.
Desde IU entendemos, que tras las distintas noticias sobre el referido gasto, las declaraciones del Sr. Alcalde dejan muchas incógnitas en el aire, pues lejos de mostrar pruebas que desmientan lo publicado por los distintos medios de comunicación, éste y una vez más, se ha limitado a ofrecer su opinión, no aportando prueba o documento alguno que desmienta en su totalidad la posibilidad de que se haya producido un uso irregular de fondos públicos por su parte o por cualquier otro miembro del consistorio con dotación de teléfono móvil. En este sentido señalan como el artículo 433 del Código Penal, castiga a la autoridad o funcionario que dedique caudales o efectos pagados con dinero público a “usos ajenos” a la Función Pública, por lo que llegado el caso no descartan llevar éste asunto a la Fiscalía por si hubiera indicios de delito.
En todo caso, concluyen, lo mínimo exigible es la devolución de aquellas llamadas de carácter privado o irregular, tal y como desde el propio Gobierno Municipal se ha exigido cuando estos hechos han afectados a funcionarios públicos municipales.
