A ellas podrán acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda desde el 1 de enero de 2008 y que, además, se encuentren en situación especial vulnerabilidad social.
Los servicios sociales de los Ayuntamientos que se adhieran al Fondo serán los que emitan, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad o riesgo social del solicitante de la vivienda, al objeto de priorizar entre los demandantes.
Izquierda Unida, a través de su portavoz Gregorio Sánchez, ha declarado que cree que, aunque se trata de una iniciativa de alcance limitado y que deberá tener continuidad en un futuro para ampliar sus beneficiarios y el número de viviendas ofertadas, el Ayuntamiento de Valdepeñas debe estar presente y vinculado al Fondo para favorecer que puedan ser beneficiadas familias de Valdepeñas.
Para Sánchez, la situación trágica de los ciudadanos pendientes de desahucio o de aquellos que no pueden acceder a una vivienda no se soluciona solo con mociones y demandas a otras instancias superiores. Y aún siendo esto necesario, el Ayuntamiento debe dar un paso más adelante y ponerse del lado de los más débiles; por eso además del Plan Municipal Contra los Desahucios, presentado para su debate y aprobación en la última comisión de Hacienda y Régimen Interior, vamos a solicitar que Valdepeñas se adhiera a este Fondo Social de Viviendas.
Real Decreto-ley
La puesta en marcha de este Fondo Social de Viviendas da cumplimiento a la encomienda al Gobierno incluida en el Real Decreto-ley 27/2012 sobre medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios.
Los solicitantes deben contar con unos ingresos por unidad familiar que no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (unos 24.000 euros) y que ningún miembro de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad.
Las condiciones de arrendamiento previstas incluyen una renta comprendida entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar. La duración del contrato de arrendamiento será de dos años, aunque puede prorrogarse un año más.
Los solicitantes de una vivienda del fondo deberán dirigirse a las entidades de crédito que ya están colgando en sus páginas web las viviendas que ofrecen a través del Fondo. Éstas darán prioridad a las situaciones de mayor necesidad o riesgo social y, para conocerlo, solicitarán informe a los servicios sociales del Ayuntamiento o la Diputación correspondiente. Las viviendas serán asignadas antes de la finalización de cada trimestre. La asignación empezará el 31 de marzo próximo.
