Sánchez ha apuntado que no se puede hablar de una "sanidad pública universal cuando existe el fármaco que cura, no se presta y fallecen cada día 12 personas relacionadas con esta enfermedad, es una vergüenza nacional”. “Por lo que hemos presentado esta propuesta esperando así que los responsables sanitarios consigan, ya, un acuerdo con la industria farmacéutica a un precio que pueda financiar la asistencia a estos enfermos.
La propuesta presentada por IU hace constar y manifiesta el apoyo y solidaridad del Ayuntamiento de Valdepeñas con la Plataforma de Afectados por Hepatitis C y la justa causa por la que están luchando y concienciando a la sociedad. Instando al Gobierno de España a declarar la situación de los pacientes afectados por Hepatitis C como emergencia sanitaria y la actuación de la empresa Gilead de anticompetitiva y monopolística. Y, entre otros acuerdos, a realizar los trámites necesarios, con la mayor rapidez posible, para la emisión de licencia obligatoria de Sofosbuvir, autorizando el abastecimiento del mercado interno de este producto mediante la fabricación de genéricos, fijando un precio que sea sostenible para las arcas públicas y que garantice el tratamiento para todos los que lo necesitan, según los criterios científicos y de los profesionales.
Igualmente, insta al Gobierno regional de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a sumarse a estas exigencias ante el gobierno central y a asumir su responsabilidad derivada de las competencias autonómicas en prestación de la asistencia sanitaria, garantizando de inmediato la proporción del tratamiento necesario a todos los afectados que lo necesiten según prescripción facultativa.
Sánchez, ha recordado como los pacientes afectados por la infección del virus de la Hepatitis C llevan meses exigiendo al Gobierno la financiación de un fármaco de reciente comercialización (Sofosbuvir) que se ha demostrado extraordinariamente eficaz en la erradicación de esta enfermedad. La multinacional que lo comercializa, la empresa farmacéutica Gilead, impone un precio abusivo por cada uno de los tratamientos. El Ministerio de Sanidad no está financiando el tratamiento y desde la aprobación del mismo por parte de la Agencia Europea de Medicamentos se han registrado unos 4.000 fallecimientos de pacientes que podrían haberse beneficiado de su uso, denunciando que “el continuo deterioro del nuestra Sanidad Pública, llevado a cabo por los recortes presupuestarios del Partido Popular, está calando sobre todo en los enfermos crónicos, que sufren por falta de atención y medicación. Los tratamientos para curar enfermedades no deberían ser objeto de mercado, si no una cuestión de Derecho fundamental”.
