Con la moción aprobada, el Ayuntamiento de Valdepeñas manifiesta instar al Gobierno de España a la derogación del Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre, por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo para que sea modificado íntegramente considerando las mejores prácticas disponibles. E igualmente hace un llamamiento a abrir un proceso participativo de redacción, con la máxima urgencia, de una normativa realmente favorable al desarrollo del autoconsumo que permita a la sociedad en su conjunto disfrutar de sus beneficios económicos, ambientales y sociales, teniendo en cuenta las consideraciones de los diferentes agentes afectados por esta normativa.
En la exposición de motivos, el portavoz municipal Izquierda Unida-Ganemos, asumiendo los posicionamientos de la Plataforma por un nuevo modelo energético, manifestaba que “el autoconsumo eléctrico es un derecho cívico y un instrumento clave a la hora de crear un nuevo modelo energético sostenible que nos permita hacer frente a la realidad del cambio climático”.
Según señalan desde IU-Ganemos, “el autoconsumo contribuye a reducir la dependencia energética del exterior –que en el caso del Estado español es del 86%- y genera energía eléctrica de forma descentralizada y respetuosa con el medio ambiente. Por otro lado, incrementa la eficiencia energética, mejora la competitividad de las empresas, crea empleo y fomenta la economía local. Además, es una herramienta que, en manos de la Administración Pública, puede paliar la pobreza energética. Mucho más cuando, a día de hoy, no requiere de ninguna subvención pública para desarrollarse en nuestro país. Señalando igualmente la necesidad de democratizar la energía, tal y como recoge la propuesta de Unión Energética de la Comisión Europea, y que cualquier normativa reguladora del autoconsumo debería tener como principal objetivo favorecerlo y, por lo tanto, inspirarse en las mejores prácticas disponibles a nivel internacional”.
Sánchez Yébenes se mostraba convencido de que, “aún más, siendo representantes de la administración más cercana a los ciudadanos como es la municipal, no debemos ni podemos permanecer ajenos a este cambio y por ello somos los primeros que debemos desempeñar un papel ejemplarizante e informativo pues esta administración es gestora de un enorme patrimonio que tiene unos costes crecientes en materia de energía. Costes que, en muchas ocasiones, adolecen de una gestión inadecuada”.
“Existe un gran potencial de generar ahorros importantes, que pueden destinarse a fines sociales, especialmente a la impulsión de medidas contra la pobreza energética. Por tanto, debemos utilizar todos los recursos a nuestra disposición para garantizar, dentro del marco de nuestras competencias, una transición ordenada hacia un modelo energético limpio y sostenible”, concluyó Sánchez.
