Tras proponer el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un par de fechas posibles para celebrar esta Comisión Bilateral a mediados de marzo, finalmente y por cuestiones de agenda, ambas administraciones han cerrado este encuentro para el próximo día 6 de abril.
En la Comisión Bilateral de Cooperación participarán representantes tanto de la Administración General del Estado como de la Comunidad Autónoma con el objetivo de analizar la legalidad de la implantación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos, vigente desde el pasado 1 de enero, tras iniciar el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy el procedimiento al objeto de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Recuperación de derechos de los empleados públicos y mejora de los servicios públicos
El Gobierno de Emiliano García-Page, cumpliendo con su compromiso de devolver los derechos arrebatados a los empleados públicos en la pasada legislatura, recuperó desde el pasado 1 de enero la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Junta de Comunidades.
Esta medida, además de suponer una mejora en las condiciones laborales de los empleados públicos de la región, permite mejorar la calidad de los servicios públicos en Castilla-La Mancha, otro objetivo fundamental del Ejecutivo regional.
El pasado 12 de febrero la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas recibió un fax del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por el que tuvo conocimiento de la intención del Gobierno en funciones de Mariano Rajoy de iniciar el procedimiento para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2015, de 02 de diciembre, que establecía la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos desde el 1 de enero y la ampliación de la edad de jubilación del personal funcionario y estatutario de la Junta de Comunidades.
Mediante esta comunicación se instaba a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas a iniciar el trámite para buscar una solución y evitar la presentación del recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado.
Será en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado – Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en la que la región defenderá que se ha actuado respetando en todo momento la legislación vigente.
