La consejera ha relatado ante la Cámara los datos recopilados a partir de las transmisiones inscritas en los Registros de la Propiedad y de los certificados emitidos por los Arquitectos Técnicos, según los cuales existen 45.126 viviendas vacías en Castilla-La Mancha (un 8,42% del total nacional) de las cuales, aproximadamente la mitad se encuentran en la provincia de Toledo.
Este importante stock de viviendas nuevas sin vender “nos hace ser prudentes en cuanto a la posibilidad de realizar más inversiones en nuevos inmuebles”, ha dicho la consejera, quien ha revelado ante los diputados regionales que “es más conveniente la movilización y optimización de unos recursos ya existentes que el dirigir esfuerzos a la realización de otros nuevos”.
En este sentido, ha comunicado que la Dirección General de Vivienda de la Junta de Comunidades está realizando gestiones con entidades financieras propietarias de ese parque de vivienda para “poner en valor esos activos que hoy día no están siendo destinados ni a sus fines naturales ni a fines sociales”. La Consejería intenta “llegar a acuerdos” que pretenden que las “entidades financieras coadyuven en fines tan legítimos como es el de procurar una vivienda digna y adecuada a todos los ciudadanos”, ha afirmado De la Cruz, quien ha aseverado que “ya hemos iniciado contactos fructíferos” en este sentido. El objetivo es crear un Fondo Social Autonómico de Viviendas destinadas al alquiler social cuyo primer paso ya está dado. A ese respecto ha revelado que “se ha alcanzado un principio de acuerdo para que una primera entidad aporte un primer cupo de viviendas que se destinarán a los colectivos más necesitados”.
Ampliar el parque de vivienda de la Junta mediante ese procedimiento es uno de los ejes prioritarios que ha definido en su comparecencia, habida cuenta del estado que presenta el patrimonio público recibido del ejecutivo anterior, que ha calificado como “abandonado en su gestión”. De las 300 viviendas vacantes con que contaba la comunidad autónoma en junio, “el 95% se encuentran o bien ilícitamente ocupadas o bien en una situación que las hace inhabitables”. La consejera ha informado a la Cámara que la Junta tratará de poner coto a la “morosidad consentida” mediante una normativa de regularización “que pronto tendremos ultimada y lista para que pueda iniciar su tramitación”.
Rehabilitación
La vivienda social no ha sido la única faceta que Elena de la Cruz ha mencionado durante la comparecencia. La consejera ha establecido también la necesidad de ahondar en el ámbito de la rehabilitación en una doble vertiente: renovar los barrios y edificios más tradicionales de la región al tiempo que se inyecta dinamismo en el sector “como fuente generadora de empleo”. La consejera ha dicho que esta línea “ha fallado en los últimos cuatro años”, no habiendo alcanzado la centena de solicitudes la única convocatoria actualmente vigente.
“Es un área en el que todos los agentes relacionados con el sector coinciden en destacar que debe adquirir el protagonismo que tiene en los demás países europeos”, ha afirmado la consejera, asegurando que el Gobierno regional “va a apostar decididamente por ello”, orientándolo al desarrollo sostenible sobre la base de la conservación, la eficiencia energética y la reutilización.
Establecer medidas para el fomento del alquiler, reivindicar al Gobierno de España que se forme tras las elecciones generales de diciembre para que recupere ayudas suprimidas en materia de vivienda protegida o la futura redacción de una Ley de Vivienda regional han sido otros de los compromisos que la consejera ha subrayado ante el Pleno de las Cortes regionales.
Desahucio paralizado
Por lo que respecta a la red de seis oficinas de intermediación hipotecaria que la Junta de Comunidades acaba de abrir en las capitales de provincia de la región y en Talavera, la consejera ha revelado hoy que han atendido un total de 125 consultas en toda la región.
Elena de la Cruz ha destacado que la oficina de Albacete ha conseguido paralizar esta semana el primer lanzamiento en un procedimiento de ejecución hipotecaria. Se trata de una familia de Almansa compuesta por un matrimonio sin empleo, con dos hijos y con ingresos procedentes de un único subsidio que incluso tenía un procedimiento de subasta de su vivienda habitual señalado para los próximos días. “Es una manera de demostrar que estas oficinas sirven para ayudar al ciudadano y tenemos la esperanza de que dentro de muy pocos días podamos dar mejores datos sobre la utilidad de este programa que ha puesto el Gobierno de Castilla-La Mancha”, ha afirmado De la Cruz.
Gracias a las gestiones practicadas desde la oficina albaceteña, les ha sido asignado un letrado que ha mediado con la entidad bancaria para que no se lleve a efecto el desahucio, “para que el lanzamiento no se produzca y se pueda renegociar la deuda o bien una dación en pago o cualquier iniciativa que sirva para atender a esa familia y que no se vea en la calle”, ha dicho la consejera de Fomento.
