Esta maniobra inconstitucional, responde a las necesidades de la derecha política y económica de blindar el bipartidismo, sus políticas neoliberales y austericidas, que aseguran al poder económico y financiero ganar siempre las elecciones. Igualmente, es fruto del fracaso y la frustración de la Secretaria General del PP que tiene las puertas cerradas en Madrid y quiere ganar las elecciones en Castilla-La Mancha a toda costa, algo que no puede hacer si no es a través del manejo partidista de las normas electorales. Parece que las consecuencias de la frustración de Cospedal por sus desastrosas políticas, la Gürtel, la posible trama de financiación ilegal, los sobresueldos, la caja B, Barcenas y sus negocios familiares, la vamos a pagar los castellanomanchegos.
Daniel Martínez, Coordinador regional de IU, ha asegurado que “se trata de una reforma histórica, por su carácter antidemocrático, como histórico va a ser el revolcón electoral que va a sufrir Cospedal”.
Para Martínez, “la reducción a la mitad del número de diputados acentúa los problemas de déficit electoral, representatividad, pluralismo político y necesidad de regeneración democrática de Castilla-La Mancha, de tal forma que un partido con menos del 30% de los votos puede llegar a obtener la mayoría absoluta de los escaños”
“La opción elegida condena a una degradación mayor, si cabe, a las Cortes regionales, únicas bipartidistas en toda España, y en su conjunto a la calidad democrática de una sociedad que demanda más participación y responsabilidad en la gestión de las instituciones públicas”, añadió Martínez.
Cospedal, en apenas tres años de gobierno, ya tiene el dudoso honor de haber quitado el sueldo a los electos y haber pasado de modificar el número de escaños para aumentarlo, a dejarlo en la mitad, denotando el carácter caciquil de la medida, que pretende a las Cortes sin una auténtica representatividad democrática, sin oposición a las políticas neoliberales de ajuste duro, y excluir de los ámbitos de decisión política a la clase trabajadora. Y todo ello unido al notable aumento de los políticos elegidos a dedo y muy bien pagados en su gobierno, ya que gasta 58 millones de euros en políticos elegidos a dedo, un 88% más que el año 2011 en la “alta dirección de la Junta”, mientras las Cortes tienen un presupuesto anual de 9,7 millones de euros.
Por último, desde IU-CLM han expresado su confianza en que la reforma pueda ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, ya que vulnera de forma flagrante derechos fundamentales de los ciudadanos y este decrete su suspensión hasta que se produzca el fallo definitivo.
