El titular de Agricultura ha informado de que desde la Consejería se ha conseguido sacar adelante el Programa de Desarrollo Rural, este mes de octubre, con 1.500 millones de euros para toda Castilla-La Mancha hasta 2023, destacando que “ahí tenemos ayudas para los agricultores, la industria agro-alimentaria, el medio forestal y la diversificación de la actividad económica en los pueblos”.
“Es todo de enorme trascendencia porque en esto se asienta la economía y el medio rural en el que vive una parte muy importante de la población en Castilla-La Mancha, un instrumento de enorme importancia para los próximos ocho años”, ha resaltado.
Martínez Arroyo ha hecho referencia a las dificultades que se ha encontrado su equipo para que se aprobara el nuevo PDR antes de que se acabara el año, entre ellas “500 observaciones de la Comisión Europea, un documento con enormes lagunas que había que resolver y falta de interlocución”. A pesar de todo, y en un tiempo récord, Castilla-La Mancha ha conseguido aprobar el nuevo programa; un hecho que el consejero ha calificado de “éxito”.
En este sentido ha avanzado que se ha retomado la comunicación con la Comisión Europea y ha anunciado que en breve viajará a Bruselas “para trabajar en la modificación del programa de cara a 2016 y cambiar el sentido para establecer las prioridades básicas del nuevo Gobierno regional en esta materia que son, entre otros asuntos, el apoyo a los agricultores profesionales y la integración comercial cooperativa”. El consejero ha insistido en que con esta visita se iniciará el procedimiento para tener un “mejor programa que el que tenemos hoy en Castilla-La Mancha”.
Prórroga del PEAG
Otra de las preocupaciones manifestadas por el secretario general de UPA, Julián Morcillo, ha sido el acceso al agua para los agricultores de la región. Una situación por la que el consejero se ha mostrado especialmente sensible y sobre la que ha sido tajante ya que “sin agua, no hay agricultura en Castilla-La Mancha y así se lo hemos hecho saber a la ministra”.
Respecto a este asunto, el consejero ha explicado que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) se va a prorrogar de 2016 a 2021, tal y como solicitó la Consejería al Ministerio de Agricultura, y “una vez que tenemos ese instrumento desarrollar todas las líneas de actuación que sean necesarias para que aquellos agricultores profesionales, con explotaciones prioritarias a los que se les concedió un derecho en 2008 tengan acceso al agua”.
El consejero se ha mostrado satisfecho pero también prudente porque las competencias en esta materia las tiene el Gobierno central a través de las Confederaciones Hidrográficas. Es por ello que desde la Administración regional se estará vigilante ante las próximas actuaciones en materia de agua.
