Se refería Maestre a la decisión, conocida ayer, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), de suspender cautelarmente la aplicación del Plan de Recursos Humanos de la Junta en relación a los conductores profesionales del parque móvil regional.
Con ese Plan, lo que Cospedal pretende es que la mitad de estos profesionales, que se sacaron su plaza por concurso, sean destinados a cualquier otra labor, y que ese nuevo destino sea decidido de manera discrecional por el Gobierno.
“Pretender obligar a trabajar en cualquier otra cosa a conductores que se sacaron su plaza y que han venido haciendo su trabajo sin tacha desde hace muchos años, mientras se contrata de la calle, a dedo, como asesores de libre designación, a personas afines al PP para hacer este trabajo es mezquino, y puede ser también ilegal”, ha señalado Maestre.
La portavoz socialista en Castilla-La Mancha ha querido recordar que esa suspensión cautelar no es “sino un hito más en la gestión de la política de recursos humanos del Gobierno de Cospedal”. De esta manera, ha insistido en que el caso de los 500 interinos despedidos ilegalmente en agosto de 2012 “ya clama al cielo”.
En este sentido, ha indicado que “el TSJ dijo que el despido era ilegal en enero de este año. En febrero, Cospedal dijo que recurriría esa sentencia pero que readmitiría a los interinos. Y resulta que ahora, diez meses después, han retirado el recurso, estamos casi en diciembre, y los interinos siguen en su casa, en el paro, agotando sus subsidios y que la factura para la administración regional cuando se decida a cumplir de una vez la sentencia, va ya por los 30 millones de euros”.
Para finalizar, Cristina Maestre ha criticado que “mientras está pasando todo esto, mientras Cospedal pierde en los tribunales por despedir de manera ilegal a trabajadores y mientras echa a la calle a más de 20.000 empleados públicos, ella pretende darse un baño de propaganda anunciando que va a devolver el 25 por ciento de la extra de Navidad del año 2012 cuando en realidad toma esa decisión obligada. Obligada por Montoro, que ya lo ha dicho antes para los funcionares estatales, y obligada también por los tribunales en esta caso”.
