REGIÓN

Robisco: “El culpable de haber llegado a esta situación es el socialista Page porque sabía que lo que hacía era ilegal”

El portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales, Lorenzo Robisco, ha asegurado que “el socialista Emiliano García-Page es un incumplidor, un presidente que engaña y un presidente que utiliza la vía de la ilegalidad para chocar con los tribunales”. Robisco se refiere a la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad y la nulidad de la ley que modificaba la jornada de trabajo de los empleados públicos de Castilla-La Mancha.

Para Robisco, “el culpable de haber llegado a esta situación es el socialista Emiliano García-Page, porque él sabía que era ilegal lo que pretendía y aun así lo hizo”. Pero al mismo tiempo asegura que “existen fórmulas y mecanismos legales para que se cumpla la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos. Page lo sabe y ahora está en sus manos que quiera dar o no la solución legal a este problema”.

“Page no debe perder ni un minuto más en dar la solución legal que reclaman los sindicatos y los trabajadores públicos. Debe presentar presupuestos y dotar la partida presupuestaria para dar una solución legal a la jornada de 35 horas” ha afirmado también.

Robisco insiste en que Page sabía que su idea no iba a salir adelante “porque los servicios jurídicos así se lo avisaron” a la vez que subraya que Page debe cumplir su compromiso

Asimismo, ha incidido en que “Page tiene que dejar de ser el socialista del engaño y convertirse en el presidente que quieren los castellano-manchegos” Por eso le ha exigido que no engañe más a los empleados públicos y que no engañe más con la jornada de 35 horas.

Para Robisco, “la solución legal a este asunto es posible pero está en manos de Emiliano García-Page. No puede dar apariencia de legalidad a lo que ya sabía que era ilegal”. En este sentido, el portavoz adjunto del GPP ha afirmado que “Page actuó a sabiendas y por eso el Tribunal Constitucional se lo dijo ayer. Ahora todos los empleados públicos y los sindicatos están pidiendo a Page una solución legal”.