Antes de Marsilio de Padua ( siglo XIV ) no existía en la filosofía política el concepto de representación, si bien no se puede soslayar el precedente de la filosofía política de Santo Tomás de Aquino: el príncipe como vicario de la multitud. Mediante sus representantes el pueblo supervisa y controla la acción del gobierno, le exigen rendiciones de cuentas periódicas, y lo fiscaliza. Con Montesquieu se añade a una tercera parte de la representación política la facultad de legislar de acuerdo a los deseos del pueblo. Toda la teoría del poder en la sociedad democrática descansa en la noción de representación o vicariato, por virtud de la cual los representantes políticos, popularmente electos, ejercen el derecho del pueblo a gobernarse. Los representantes del pueblo son “enviados” en misión o comisión por el pueblo para ejercer la autoridad, porque la multitud los hace participantes, en cierta medida, de su propia autoridad: porque se los convierte en “imágenes” del pueblo o “diputados” por el pueblo. Ahora bien, la esencia de la representación estriba en que el pueblo da autoridad a sus representantes sin perderla el pueblo jamás. No es una cosa tangible que el que la da la deja de tener, sino una potencia de orden espiritual y moral en la que al representante se le da el don de participar de ella, sin ser ella de él jamás, sino siempre, en última instancia, del pueblo. Del mismo modo que el maestro no pierde su ciencia cuando la enseña al discípulo, el pueblo no puede perder tampoco su derecho esencial de gobernarse a sí mismo, cuando hace participar de este derecho a sus representantes, quienes ejercen el poder en nombre de quien lo posee en sí, el pueblo.
Otra cosa distinta, y de muy segundo nivel en importancia, es el número de representantes que debe tener una comunidad política ordenada democráticamente. En principio, el número de representantes debe ser plural como plurales son los sentires que como corrientes políticas cruzan la comunidad política. Ahora bien, es imposible incorporar entre los representantes del pueblo a todas y cada una de las corrientes políticas. Ni aunque se eligiese en un país a un representante por cada cien ciudadanos ( lo que representaría en España un Parlamento de más de 400.000 diputados ) no se incorporarían todas las mundivisiones que laten en el seno de la comunidad política. Más aún, mayor número de representantes para nada impide el cabildeo de espaldas al pueblo entre los partidos con diputados electos. La representación del pueblo constituirá siempre, por su propia índole, una abstracción del pueblo, y se formará por las corrientes más mayoritarias de la población, aunque en sí - ¡ojo en este rasgo!- tiene la obligación sagrada de representar al todo absoluto del pueblo. No aumenta automáticamente la calidad de la representación política por un aumento de los representantes políticos, sino por la realización verdadera y fiel de dicha representación. En caso contrario llegaríamos al disparate de afirmar que Cuba y Corea del Norte son democracias representativas por el mero hecho de ser masivas sus respectivas Asambleas Populares. Los diputados de los distintos partidos políticos no deben caer en la irresponsabilidad de ser sólo fieles al clan al que pertenecen, sino que deben ser leales sobre todo al pueblo que les ha elegido. En general, la representación política en la mayor parte de las comunidades políticas con Cortes o Parlamento que hay en el mundo, se constituyen, desde la época de Alexander Hamilton, con un número de representantes que suponen una relación entre un representante y de 75.000 a 150.000 ciudadanos. Las Cortes de Castilla-La Mancha han tomado la decisión de reducirse a una proporción de un representante por cada 64.000 castellano-manchegos. Esto significa un importante recorte de la clase política profesional, que hará más daño a los partidos mayoritarios ( que son los que más diputados perderán ). Y no, por ejemplo, a Izquierda Unida, que nunca ha tenido un diputado en las Cortes. Un recorte que supone, si bien se mira, un pequeño suicidio de la clase política profesional, y que presupone la profunda nobleza y altura de miras de los actuales gobernantes de Castilla-La Mancha, que no les importa que su partido sea el que más políticos profesionales pierda si este ahorro supone un beneficio para un apartado vital de la Administración de Castilla-La Mancha, como puede ser Sanidad o Educación. Como dice la Exposición de motivos de la Ley 4/2014 de reforma Electoral de Castilla-La Mancha, los representantes del pueblo deben asumir los ajustes derivados de la crisis como algo propio, del mismo modo que los han asumido sus representados en un enorme esfuerzo colectivo. En la mencionada Ley hay un perfecto equilibrio entre territorio y población ( no hay que olvidar que desde la Democracia Clásica las estructuras políticas no sólo deben representar a la población sino también al territorio ), de suerte que a cada provincia que compone Castilla-La Mancha se le asignan tres diputados ( lo que representan 15 diputados), distribuyéndose el resto (18) en función de la población de cada una de las cinco provincias.
Si fuera verdad que España es sólo una miserable partidocracia, no existirían personas como María Dolores de Cospedal, que prefiere sacrificar a compañeros de Partido que ya no volverán a ser diputados ( quizás 9 o 10 ), a que los recortes sigan haciendo daño a sus paisanos. Es así que el ejemplo que da el PP con esta Ley es moralmente sublime, y desgraciadamente demasiado infrecuente entre la clase política española. Es así como la Presidenta de Castilla-La Mancha no sólo se nos desvela, una vez más, como una gran patriota, sino también como una resolutiva estadista.
Por otro lado, tampoco debemos olvidar lo que decía la sensatez de Voltaire: “Los que piensan que los reyes y sus ministros le rinden tributo sin tregua y sin medida a la ambición, se engañan tanto como los que se los imaginan pensando sólo en la felicidad del mundo.” Los políticos no son ángeles, pero tampoco son demonios.
