El máximo mando del Instituto Armado en la provincia dedicó gran parte de su intervención a los robos en el campo, reclamando “una respuesta penal eficaz, con sus medidas cautelares y sancionadoras aplicadas inmediata y proporcionalmente al daño causado”. También afirmó que “hay que elevar la respuesta penal porque la mejor guardiana de los campos es la fuerza de la ley”.
Además, Gómez Salinero señaló que “no se puede ignorar por más tiempo el alto índice de población inmigrante involucrada en esta lacra que azota las explotaciones, así como sus ventajas para eludir la acción de la justicia, al no disponer muchos de ellos de domicilio conocido, dificultando las posteriores citaciones judiciales”.
Eso es hablar claro y de frente, algo fundamental para afrontar un problema que, como llevamos tiempo denunciando, se ha convertido en un auténtico calvario para las gentes del campo.
El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el anteproyecto de ley de la reforma del Código Penal, iniciando así su trámite parlamentario. Esta reforma recoge modificaciones y cambios sobre relevantes figuras delictivas, como los atentados, los delitos económicos, el acoso a las mujeres o la difusión de imágenes públicas. Pero también contempla reformas para los hurtos y robos, considerando agravantes del delito, entre otras, la participación de un grupo organizado y el hurto de conducciones de suministros eléctricos, donde se incluiría el cobre. Sobre la multirreincidencia y la delincuencia grave incorpora aumentos de penas.
Como todas las reformas ya tiene voces discordantes y seguro que aparecerán más. Pero esta modificación debe salir adelante, porque en nuestros pueblos la situación no puede seguir como hasta ahora, con robos a diario y con economías y vidas destrozadas por delincuentes que campan a sus anchas eludiendo el peso de la ley. Repito que es hora de hablar claro, los delincuentes que continuadamente asaltan fincas, explotaciones y casas de campo deben ir a prisión, no pueden estar en la calle acabando con las ilusiones y la forma de vida de miles de ciudadanos honrados y trabajadores. Y en el caso de los inmigrantes no pueden eludir la ley por, simplemente, no estar localizables. Eso tiene que cambiar y cuanto antes.
Son numerosas las detenciones que la Guardia Civil realiza, su respuesta ante la delincuencia es ejemplar y las operaciones se repiten con éxito en las diversas localidades de la provincia. Esta profesionalidad y trabajo de los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado también se deber ver recompensado con la entrada en la cárcel de estas personas cuya única forma de vida es el hurto, el robo, el asalto, la violencia. Su esfuerzo no puede ser baldío, no pueden jugarse la vida para que luego estos delincuentes sigan libres a pesar de, en ocasiones, sumar decenas y centenares de detenciones. Además estamos en tiempo de complicaciones económicas, y estas detenciones conllevan vigilancia y acciones que suponen importantes costes a las arcas del Estado. Este dinero empleado en combatir los robos tampoco se puede perder por la aplicación de criterios legales laxos que permitan la inmediata puesta en libertad de los detenidos.
No se puede permitir por más tiempo que mientras unos les meten por una puerta otros no pongan los suficientes impedimentos para que salgan al día siguiente por la otra.
Por ello esta reforma del Código Penal es necesaria y urgente, y en el ámbito que nos afecta de cerca, debe poner freno a una lacra social que está arruinando y desesperando a miles de agricultores y ganaderos, que no entienden por qué los que les roban un día sí y otro también siguen libres.
Para poner solución a un problema es fundamental conocerlo bien. Y, desgraciadamente, la lacra de los robos la conocemos perfectamente porque la padecemos a diario. También la conocen los mandos de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Ahora es necesario que el trámite iniciado de la reforma del Código Penal concluya con la aprobación de unas modificaciones que acaben con esta situación. Como hizo el día de El Pilar Gómez Salinero es hora de hablar claro y actuar en consecuencia.
