En el debate de la propuesta conseguimos tres cosas: exponer nuestras ideas en los Órganos de Gobierno y que se hablara de un problema real, que el PSOE aceptara debatir y consensuar el citado Plan y que Doña Antonia Sánchez, Tte. de Alcalde de B. Social nos acusara de tener el único interés de salir en la foto a costa de las desgracias ajenas. Pero más allá de las intrigas palaciegas y los argumentos manidos, día tras día hay que seguir empujando para que un discurso que era hace pocos meses minoritario vaya cobrando, si cabe, cada vez más fuerza y se convierta en hegemónico.
Y es que las medidas que necesitamos para garantizar, efectivamente, el derecho constitucional a la vivienda en nuestro país son extraordinarias porque partimos de una situación extraordinaria. Nuestro modelo hipotecario expulsa y excluye a una parte importante de la población, porque las entidades bancarias han estado concediendo préstamos a sabiendas, en ocasiones, de que no iban a poder devolverse. Personas que no ganan en toda su vida laboral 200.000 euros resulta evidente que no iban a poder abonar 200.000 euros de hipoteca, y menos aún con las reformas laborales y la posibilidad real de estar abocados al desempleo. Además, tenemos el dudoso honor de ser el único país donde, a pesar de perder la vivienda se mantiene la deuda con la entidad bancaria, de manera que se da la paradoja de perder la vivienda y a la vez tener una deuda mayor que la contraída en la hipoteca inicial.
Recientemente el Parlamento Europeo ha otorgado el Premio Ciudadano Europeo, que premia a personas u organizaciones excepcionales que luchan por los valores europeos, a la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) que está llevando a cabo en España una admirable campaña en defensa de los estafados por el sistema bancario.
Hace un par de meses el Tribunal de Justicia Europeo se pronunció sobre nuestra legislación hipotecaria y ha dicho, fundamentalmente, tres cosas: la primera, que tal y como está formulada, la hipoteca es un contrato absolutamente desigual; la segunda, que el derecho a la vivienda en nuestro país no se cubre por la inexistencia de alquileres sociales; y tercero, que la existencia de cláusulas abusivas pueden permitir a un juez paralizar la ejecución hipotecaria.
Esto último, permite un margen de maniobra al poder judicial para frenar esta locura. Pero las otras dos cuestiones suponen también un toque para el resto de poderes públicos. No se trata solo de malas prácticas bancarias sino de una legislación y una política de vivienda que las han favorecido e impulsado. Hay que cambiar el rumbo drásticamente.
Y eso es lo que ha comenzado a hacer, por ejemplo, la Junta de Andalucía desde su Consejería de Fomento y Vivienda, presidida por IU. Gracias al decreto aprobado, por primera vez se afirma, en una ley, que la vivienda es un derecho social y define qué es una vivienda vacía y cómo actuar sobre ella. Crea un Registro de Viviendas Deshabitadas, dispone de un plan de inspección y combina la sanción sobre las viviendas vacías con el incentivo para su salida al alquiler. Además enmarca y sienta las bases para el acceso a un alquiler social y abre la puerta a la expropiación del uso de los pisos vacíos propiedad de entidades bancarias, durante un máximo de tres años.
Estamos hablando de una legislación muy similar a la de numerosos países europeos. En Alemania, Dinamarca, Suecia, Francia, Gran Bretaña, etc., se aplican estas medidas para poner en uso las viviendas vacías e, incluso, algunas mucho más contundentes, apostando no ya por la expropiación temporal, sino incluso por requisar las viviendas. No se trata de una cuestión ideológica, es de sentido común. Lo que hace unos años decíamos solo algunas formaciones minoritarias es hoy un clamor en la calle. Ante un drama que afecta a miles de familias, en el que hay una desigualdad y una injusticia manifiesta que ya empiezan a reconocer los tribunales, la gente quiere que sus representantes se pongan de su lado. No que pongan gesto compungido y luego sigan sin tocarle un pelo a la banca. Que se pongan de su lado, porque es su obligación, su razón de ser, y un mandato constitucional.
Este es, en nuestra opinión, el rumbo que necesitamos y, por eso, creemos que el Ayuntamiento debe instar a la Junta de Castilla La Mancha a legislar en este mismo sentido. Y también al gobierno central para que modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el objetivo de conseguir dos cosas: en primer lugar, que no se pueda acordar el lanzamiento de un inmueble cuando se trate de la vivienda habitual y cuando el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos ajenos a su voluntad. Y en segundo lugar, que se tenga derecho a seguir residiendo en la vivienda a título de arrendamiento por un periodo de 5 años, prorrogable mientras subsista la situación socioeconómica del arrendado o no haya alternativa pública de vivienda, desde la fecha de la adjudicación por una renta no superior al 30% de los ingresos mensuales del arrendatario. Y para reforzar el alquiler social, las viviendas del SAREB, el famoso “banco malo”, deberían ser gestionadas por las Comunidades Autónomas para fomentar el alquiler público.
Estamos en el Ayuntamiento, no para conformamos con estar, y no sólo para poner deberes o exigirles a otras administraciones, estamos para trabajar y para cumplir con nuestras obligaciones. Lo que proponemos es corresponsabilidad, cambios legislativos acompañados de acción desde lo municipal en la misma dirección. El Tribunal de Justicia Europeo se ha pronunciado sobre la desigualdad entre las partes en los contratos hipotecarios, por eso es necesario que el Ayuntamiento se ponga del lado de la parte más débil y solicite al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual. Aprobando un Plan Municipal que garantice el asesoramiento y ayuda a las personas en proceso de desahucio por las entidades bancarias. Y además, que utilice su autoridad para exigir a las entidades financieras que operan en la ciudad la paralización de los desahucios y la condonación de las deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria.
Si las administraciones no estamos para ponernos del lado de la parte más débil, para paliar la indefensión, entonces ¿para qué estamos?
