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El PP considera que la política de personal en el Consorcio Contra Incendios es “un despropósito legal y social”

El Partido Popular considera que la política de personal en el Consorcio contra Incendios (SCIS) “es un despropósito legal y social”, así lo explica en una nota de prensa. "La propuesta del PP ante este grave conflicto es conseguir un gran acuerdo político y sindical que permita la consolidación de toda la plantilla sin exclusiones, y así lo ha hecho saber recientemente el diputado nacional del PP José Alberto Martín-Toledano".

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La Portavoz del PP de La Solana considera “legal y ejecutable” la revisión de cuentas municipales

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Solana, Ana Belén Reinoso, ha señalado en rueda de prensa la respuesta negativa que se les ha dado desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento a la aprobación de los dos grupos de la oposición en el pleno municipal para  realizar una revisión integral de cuentas, con un informe de reparo similar al de la petición de auditoria.

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Tras doce años el aeródromo de Valdepeñas es "oficialmente legal"

El Teniente de alcalde de Obras y Urbanismo, Manuel Martínez López-Alcorocho, ha confirmado esta mañana que “tras doce largos años de papeles, informes y contrainformes”  el aeródromo ‘Manuel Sánchez’ de Valdepeñas es, desde el pasado 28 de julio, "oficialmente legal".

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De la igualdad legal a la igualdad real

El 8 de marzo celebramos una conmemoración que la Asamblea General de la ONU oficializó en 1977 como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional; es una fecha que, desde hace más de un siglo, nos recuerda el verdadero papel de la mujer en la sociedad. El lema elegido por la ONU para este año 2014 es “Igualdad para las mujeres: progreso para tod@s”. 

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Romaní destaca que el nuevo marco legal del juego garantiza e impulsa el juego responsable en la región

El consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha asegurado hoy que el nuevo marco legal del juego, que recoge la Ley aprobada el pasado mes de abril y que entrará en vigor el 9 de noviembre, “garantiza absolutamente la seguridad del desarrollo de los juegos en la región, así como la libertad de los ciudadanos de jugar, la solvencia de los empresarios y, por tanto, la seguridad de los jugadores en la obtención de sus premios”, con los consiguientes ingresos para las administraciones públicas que ello conlleva.